Todas las elecciones originan en El Salvador una serie de acciones previas, reconfiguración de actores políticos y alineación de poderes fácticos. Los comicios programados para dentro de tres meses y dos semanas han generado un nivel de ansiedad como nunca se ha visto en el escenario político salvadoreño.
El Salvador ha transitado de regímenes militares a la democracia electoral, y de ahí a un sistema polarizado que giraba en torno a la confrontación permanente de dos fuerzas políticas. La llegada del presidente Nayib Bukele rompió el esquema de polarización entre ARENA y el FMLN, y sentó las bases de un nuevo sistema político. Ahora, los «grandes partidos» son la sombra de lo que una vez fueron, lo que augura una reducción de poder.
Primero fue la pérdida del Ejecutivo, justo cuando ARENA calculaba que lo iba a recuperar tras el acelerado desgaste del FMLN en la presidencia de la república. La irrupción de Bukele dejó inconclusa la alternancia y dio paso a la posguerra. Es la primera vez que detenta el poder un movimiento político diferente a los tradicionales actores del conflicto armado.
Ahora, lo que se vislumbra en el horizonte es la degradación aún mayor del poder de «los grandes partidos», pues se verán reducidos en la Asamblea Legislativa y, muy probablemente, perderán muchas alcaldías. El panorama, a decir verdad, asusta a cualquiera, y por eso no extraña que el objetivo principal de ambos partidos políticos sea golpear al gobierno del presidente Bukele para tratar de restar apoyo a su proyecto político.
Con ese fin, en un mismo día, se solicitó retirar el fuero al director de la PNC y viceministro de Seguridad «ad honorem» Mauricio Arriaza Chicas y se allanaron las oficinas de los ministerios de Salud y Hacienda. Se trata de dos de los logros más grandes del Gobierno: la reducción de los homicidios y de la criminalidad mediante el Plan Control Territorial y la contención de la pandemia por COVID-19.
El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, dijo ayer en conferencia de prensa que de parte del Gobierno hay total transparencia y un compromiso por acabar con décadas de corrupción. Lo único que pide a la Fiscalía General es que actúe de acuerdo con las leyes y con respeto a los servidores públicos.
La investigación que por ley la Fiscalía deba llevar a cabo no debe ser la excusa para paralizar al Gobierno, porque esa sería una peligrosa politización de una institución que fue creada para combatir el delito, no para perpetuar en el poder a sectores que por años mantuvieron vigente la impunidad.