El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera decretó la detención provisional contra el expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard y exdiputados que conformaron la junta directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, por el delito de encubrimiento personal a favor de los imputados en la masacre conocida como El Mozote.
El caso ocurrió entre el 11 al 13 de diciembre de 1981, en dónde alrededor de 1,200 personas del caserío el Mozote y zonas aledañas fueron asesinadas por el personal de la Fuerza Armada de El Salvador con el apoyo de la Fuerza Aérea salvadoreña.
«Decretase detención provisional contra los imputados Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores, Alfredo Félix Cristiani Burkard, a quienes se le atribuye la comisión del delito encubrimiento personal», se lee en el documento judicial.
#ElSalvador | El juzgado de Segunda Instancia de San Francisco Gotera decreta detención provisional para el expresidente Alfredo Cristiani y los exdiputados que conformaron la junta directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, entre ellos Rubén Zamora, por la comisión del delito… pic.twitter.com/2y61ykFeMa
— Diario El Salvador (@elsalvador) December 23, 2023
La resolución declara crimen de lesa humanidad y consecuentemente, imprescriptible, del delito de encubrimiento personal, atribuido a los procesados, por considerar que están «relacionados a hechos de graves violaciones a derechos humanos en perjuicio de las víctimas de siete comunidades del departamento de Morazán».
El fallo explica la comisión del delito de encubrimiento en su calidad de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa debido a que ayudaron a los imputados en la masacre a eludir la acción de la autoridad mediante una Ley de Amnistía en 1993, que les garantizaba plena y absoluta impunidad a los autores materiales e intelectuales de las masacres de El Mozote y demás lugares aledaños.
«Haciendo imposible que las autoridades judiciales pudieran hacer justicia a las victimas mediante una sentencia ejemplarizante que diera una respuesta penal a los partícipes y una reparación integral del daño causado por el delito a las víctimas», se lee en parte de la resolución.
La resolución agrega que el hecho fue consumado al presentar una iniciativa de ley en la cual se concretó un favorecimiento a los procesados, de una gracia amplia, absoluta e incondicional por la comisión de los delitos ocurridos en las siete poblaciones del norte de Morazán lo que constituía un acto contrario a compromisos internacionales.
«Dicho instrumento jurídico se emitió con la aquiescencia del imputado Alfredo Félix Cristlani Burkard, quien fungía como presidente de la República, quien sancionó y ordenó su publicación para convertir la misma en un instrumento de carácter obligatorio», indica la resolución.
La aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en 1993 evitó llevar a la justicia a los responsables de diversas ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante los 12 años de Guerra Civil que sufrió El Salvador. Esa legislación otorgó implícitamente un «perdón y olvido» a los autores materiales e intelectuales de hechos sangrientos ocurridos durante el conflicto armado.
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