A partir del 30 de mayo, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador tiene previsto desarrollar audiencia de anticipos de prueba en el caso conocido como «El Chaparral», donde el expresidente Mauricio Funes y otros cinco imputados son acusados por la Fiscalía General de la República de actos de corrupción.
Los anticipos de prueba son parte de las diligencias útiles de investigación de la fase de instrucción, etapa en la cual el ministerio público debe recopilar pruebas para anexarlas al proceso y que sean discutidas en la audiencia preliminar.
Esta causa penal fue iniciada por la Fiscalía el 4 de enero de 2019 y luego de la audiencia inicial pasó al Juzgado Noveno de Instrucción, pero cuando fue suprimido y se convirtió en Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria, el expediente pasó al Juzgado Cuarto de Instrucción.
Según la acusación, Funes cometió los delitos de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado. En el proceso también son señalados Miguel Menéndez Avelar «Mecafé», acusado de lavar dinero, peculado, cohecho activo y agrupaciones ilícitas.
Se incluye también al expresidente de CEL, José Leopoldo Samour Gómez, por peculado; Mario Federico Piagostini Maiochi, representante de Astaldi por cohecho activo (soborno); José Efraín Quinteros, por lavado de dinero; también son acusados agrupaciones ilícitas, mientras que Ada Michel Guzmán Sigüenza, compañera de vida del prófugo Funes, está por lavado de dinero.
Este expediente tiene que ver con el favorecimiento a la italiana Astaldi que recibió $108.5 millones en arreglo directo por finalizar el contrato llave en mano, de la construcción de la presa El Chaparral, por una obra al 29%.
