Los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron declarar improcedentes las demandas que existieron contra la elección del ahora exfiscal general de la República, Raúl Melara, según señaló esta mañana el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, quien también dijo que la destitución de Melara y de los magistrados de la Sala cumple con lo establecido en la Constitución de la República.
Argueta señaló que, tras la elección de Melara como fiscal general el pasado 21 de diciembre de 2018 por la anterior Asamblea, se interpusieron varias demandas que señalaban la inconstitucionalidad de dicha elección debido a las pruebas que existían de los vínculos materiales de Melara con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Melara fue elegido fiscal general el pasado 21 de diciembre de 2018, en una elección que fue ampliamente criticada debido a las irregularidades que se presentaron en el proceso de elección que desarrolló la anterior Asamblea Legislativa. Además, Melara fungió como asesor jurídico del excandidato presidencial del partido ARENA, Carlos Calleja, por lo que varios analistas constitucionales calificaron su elección como inconstitucional.
«En el pasado, la Sala de lo Constitucional decidió no conocer las demandas contra el exfiscal general y las declaró, de entrada, improcedentes. La Asamblea decide, a partir de los mandatos constitucionales que les obligan, a que si no cumple los requisitos de la Constitución; sino de la ley, deben apartarlo y nombrar a otro (fiscal)», señaló Argueta.
«Los elementos fácticos como exige la jurisprudencia estaban, el hecho notorio estaba ahí y por eso deciden destituir, y para que no quedara acéfala la Fiscalía eligen a un nuevo fiscal. La independencia la van a demostrar los hechos, cuando lleguen demandas contra el Órgano Ejecutivo y Legislativo, vamos a ver cómo las resuelven», agregó.
Argueta explicó que el proceso de destitución de Melara y de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala fue acorde a lo establecido en la Constitución de la República y que no fue una decisión unilateral del partido Nuevas Ideas, el grupo parlamentario que domina la actual Asamblea Legislativa con 56 escaños en el parlamento.
«El debate parlamentario sí se dio. Se dio la oportunidad a las minorías parlamentarias de expresar su consentimiento o su voto en contra. Era un hecho notorio, las vinculaciones materiales que el exfiscal general tenía con un partido político», dijo Argueta.