El FMLN, como entidad a cargo del Gobierno, abandonó los ideales que inspiraron a jóvenes en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado a combatir la injusticia social. Incluso su incorporación como partido político no estuvo exenta de traiciones ideológicas y alejamiento de sus bases al pactar beneficios exclusivos para la comandancia general y para aquellos comandantes que eran sus más cercanos colaboradores.
Prueba de ello es que los combatientes rasos, quienes pusieron su vida en peligro en cada enfrentamiento y renunciaron a sus familias para incorporarse a la lucha, quedaron a su suerte. Décadas han transcurrido sin que los dirigentes del partido cumplan lo que les ofrecieron para deponer las armas en los Acuerdos de Paz. De manera paralela, los dirigentes de la revolución afianzaron puestos en las candidaturas a diputados y alcaldes.
Con la incorporación del FMLN a la estructura de gobierno, sus miembros adoptaron los vicios que ya practicaban los areneros. Primero, en la Asamblea Legislativa aprendieron de manera acelerada cómo abusar del poder, incluyendo aumentar la planilla estatal con activistas, buscar los ingresos más altos y contratar a «asesores».
El paso al Ejecutivo, de acuerdo con lo que confesó esta semana el expresidente arenero Antonio Saca, implicaba una charla entre mandatarios para conocer cómo funcionaba el desfalco de la partida secreta. Él conoció, por medio de Francisco Flores, su antecesor arenero en la presidencia, cómo se eleva ilegalmente el salario de un funcionario con sobresueldos financiados con la partida de «gastos discrecionales». Saca instruyó a Mauricio Funes en el funcionamiento del mecanismo, el primero de los dos presidentes del FMLN.
Los sobresueldos, también llamados «complementos salariales» o «compensaciones económicas», son pagos ilegales que recibieron los funcionarios. La práctica fue utilizada indistintamente en los gobiernos de ARENA y del FMLN. El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha explicado, después de la captura de cinco exfuncionarios de la administración Funes, que cada uno de ellos recibió fondos públicos sin respaldo legal y, por eso, son también responsables del saqueo de $351 millones de las arcas del Estado, un delito por el que es procesado el primer expresidente del FMLN.
Los funcionarios recibían instrucciones de no ingresar el dinero a sus cuentas de ahorro y de no pagar deudas en tarjetas de crédito porque, con ello, los fondos ilícitos entrarían en el sistema financiero y encenderían las alarmas de lavado de dinero. En otras palabras, eran plenamente conscientes de que estaban violentando la ley y por eso tomaron medidas para ocultar su comportamiento.
La izquierda del FMLN llegó al poder y en el camino perdió la brújula moral. Ahora, los que se beneficiaron del Estado y de las empresas que fundaron con fondos públicos reclaman «persecución política».
