Por más de 15 años, ARENA y el FMLN no solo ignoraron la necesidad de legislar sobre el agua, sino que empantanaron la discusión para evitar que el acceso a ella fuera declarado un derecho fundamental de todo ser humano. Los ciudadanos demandaron una ley integral, pero en lugar de eso los diputados de la vieja Asamblea Legislativa aprobaron un proyecto que defendía los intereses de sus financistas, validando una privatización.
El presidente Nayib Bukele vetó ese decreto porque no estaba en función de las necesidades de la gran mayoría, sino de unos cuantos. Los insumos para regular este recurso natural están a la vista, pero por décadas los políticos tradicionales han trabajado por ocultarlos, por esconder la enorme desigualdad. Durante un gobierno de ARENA, un préstamo millonario con el que se tenía que haber creado el mayor reservorio de agua para el país y llevado el servicio a millones de personas fue desviado hacia las cuentas de funcionarios corruptos. Años después, el FMLN dejó pasar una década sin renovar la planta potabilizadora de Las Pavas, algo que será realidad hasta el Gobierno de Nayib Bukele.
En menos de tres meses, la Asamblea Legislativa tendrá listo un nuevo proyecto de ley, integral y justo, para responder a todas las necesidades de la ciudadanía. No puede dejar de lado a la industria y a la agricultura, pero la prioridad será la gente, lejos de los planes privatizadores de ARENA y del FMLN, que daban a una gremial la potestad de representar a todo el empresariado, incluso otorgaron espacios en autónomas para que la ANEP y sus socios tuvieran información privilegiada de los planes del Gobierno y así hacer negocios al reservar todos los contratos.
Tener a representantes directos de la población en el Órgano Legislativo es una garantía de que los diputados responderán a los intereses de los ciudadanos, no de grupos de poder, financistas o corporaciones, como sucedió en los últimos 30 años. Los diputados corporativos han quedado reducidos a un nivel de irrelevancia tal que su virulenta oposición a la mayoría no tendrá un efecto directo en la aprobación de leyes justas.
La ley integral del agua es una deuda enorme de la vieja política con la sociedad salvadoreña, un reto que asume de frente la nueva Asamblea Legislativa, libre de ataduras y de compromisos corporativos.