Comencemos por apuntar que los Acuerdos de Paz reunían a los representantes de empresarios de la clase agroexportadora y a los militares; su contraparte, a grupos ideológicos que anunciaban su representación de los trabajadores del campo y la ciudad, así como de los intelectuales, académicos y uno que otro empresario o comerciante.
Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz se puntualizó sobre varios aspectos, como la supresión de los cuerpos de seguridad, la incorporación del FMLN como partido político, la reorganización del Consejo Central de Elecciones y la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. A todas luces, lo que preocupaba a los comandantes para su futuro político.
Se incorporó el tema del foro económico social como presunto nexo para resolver la situación laboral, es decir, orientado a resolver los conflictos de explotación, marginalidad y equidad de su base proletaria. Y aún más allá: la situación socioeconómica que padece la mayoría de la población.
Otros aspectos relevantes fueron la institucionalidad, la legalidad y la administración de justicia. Si bien se impulsaron algunas reformas en este sentido, fueron inacabadas o no integradas en una acción. Vistas así las cosas han pasado 30 años, 20 de los representantes de la llamada clase dominante, que siguió resistiéndose al cambio, y 10 del FMLN, que decía representar las aspiraciones populares.
Pasado ese tiempo, y con un recambio generacional, la malla ideológica que llevó a la población a la lucha armada y a los dueños de las tierras y las finanzas a volverse cada día más obsoletos no tiene razón de ser. El FMLN, temeroso de la pérdida de la inmunidad de sus comandantes y las dádivas del poder, no se atrevió a enfrentar a los patronos y su régimen legal caduco e injusto.
Para nuestro beneplácito, este Gobierno está empoderando a los trabajadores y los acompaña con leyes que derriban la institucionalidad a favor de los explotadores.
Y el caso más emblemático y de lo que todos hemos sido testigos: el sistema de justicia en manos de la clase dominante se volvieron los poderes Ejecutivo y Legislativo, actuando a todas luces en contra de los intereses de los más vulnerables, es decir, la gran mayoría de la población. Los «cuatro magníficos» se volvieron intocables bajo la sombrilla del Estado de derecho.
Podemos terminar diciendo que los orígenes del conflicto en su sustancia no fueron resueltos; ahora comienza una nueva refundación del Estado y sigue avanzando y corrigiendo. Hace 30 años la PNC fue formada por guerrilleros y militares que obraban bajo su visión ideológica; ahora se está jubilando esa masa crítica, lo que permite una acción más apegada a las necesidades del pueblo.
Ya hay una visión de la zona costeromarina bien delineada que perfila un futuro maravilloso. A continuación, debería impulsarse el desarrollo de la zona norte, tan olvidada hasta ahora por los gobiernos. Tiene no solo un potencial turístico por la belleza de sus montañas y ríos, sino también permite la creación de polos de desarrollo fronterizos que beneficien además a nuestros vecinos hondureños, a quienes les quedan más cerca nuestras fronteras que sus ciudades.
Para terminar, qué desperdicio de recursos y vidas para un pírrico acuerdo que solo benefició a unos pocos.
