El comisionado para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, afirma que «salir y conocer las calles y hacer que los niños jueguen con los niños de una colonia con otra es una fantasía» que están viviendo los salvadoreños, muchos de los cuales han venido del extranjero a conocer su país ahora que la seguridad lo permite gracias al régimen de excepción.
Guzmán desmiente a los grupos y las ONG que se oponen al Gobierno del presidente Nayib Bukele, que manifiestan que en las cárceles hay torturas y se violan derechos humanos de los reos. El funcionario dice que no hay registro de torturas y que la disciplina aplicada es propia de un régimen penitenciario.
Sobre su rol, afirma que busca generar una política común en materia de derechos humanos, interactuar entre todos los organismos de derechos humanos y crear lazos para terminar en unos actos que sean naturales, para que los derechos de todos los salvadoreños se respeten en general, y en especial para aquellos que han sido víctimas de las pandillas y que han sufrido todo tipo de vejámenes.
¿Cuál es el rol de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión?
Tenemos varios ejes de trabajo. El primero, en el momento coyuntural que está pasando El Salvador, es generar una política común en materia de derechos humanos, interactuar entre todos los organismos de derechos humanos y crear lazos para terminar en unos actos que propendan, para que los derechos de todos los salvadoreños se respeten en general y para aquellos que han sido víctimas de las pandillas.
¿Con la creación de la comisión no se irrumpe en las atribuciones de las otras instituciones de DD. HH.?
No. Y dejo muy claro que nosotros en ningún momento estamos usurpando funciones de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República y de los demás organismos de derechos humanos que existen en El Salvador.
¿Cómo se llega a la creación de la institución que dirige?
Bueno, es una decisión que toma el señor presidente de la república, Nayib Bukele, teniendo en cuenta el momento coyuntural que tiene el país. Esto es algo común. En la mayoría de los países existen altos comisionados, secretarios adjuntos, instituciones de Gobierno que lo que hacen es llegar, entrar y visualizar qué requerimientos tienen las entidades de derechos humanos que normalmente o que siempre son autónomas.
¿Cómo es la coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos?
Nosotros hemos tenido muchísimas reuniones para analizar y evidenciar el momento por el que estamos pasando, y, además, para ayudar a generar planes institucionales para la salvaguarda de los derechos humanos y planes que sean coherentes en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ya hemos hecho un plan de trabajo para visitas a los centros penales, para análisis de la situación de contexto nacional e internacional, dándoles, más que ayuda desde el punto de vista general, formas, conceptos, procedimientos y entregarles toda la ayuda que se les puede dar sin entrar a la autonomía que tiene tanto la procuradora como la institución como tal. Lo que hacemos es darles recomendaciones, ayudarles, darles seguimiento a las mismas e ir de la mano con ellos.
Lo mismo hacemos con la Procuraduría General. Con ellos, por ejemplo, estuvimos visualizando todo el proceso que tienen de atención al ciudadano, los procesos que tienen en línea para dar información sobre las personas que están privadas de la libertad, para ayudar a mujeres que han sido víctimas de violencia, a todos sus procesos, les hemos dado todo el acompañamiento para poderlo visualizar y generar una política nacional de derechos humanos que sea real y que además llegue a la población.
¿Cuál es su valoración en cuanto a derechos humanos luego de 18 meses del régimen de excepción?
Bueno, desde la perspectiva de los derechos humanos, el régimen de excepción, pese a que se han suspendido temporalmente algunos derechos por parte de esa medida, todas las personas han tenido derecho al debido proceso. Todos han sido asesorados por un abogado de la Procuraduría General, los abogados han sido quienes han ejercido efectivamente la defensa de estas personas. Además, han ido ante un juez, los jueces son personas autónomas, han analizado cada uno de los casos y al final de cuentas toman decisiones autónomas, como lo debe hacer la justicia. Al final, se les han garantizado los derechos a todas las personas. Hay una Policía que detiene, unos fiscales que investigan, pero también hay un defensor, un procurador que defiende a las personas y hay un juez que al final sopesa las circunstancias y toma decisiones.
Entonces, yo creo que se han respetado los derechos de las personas. Muestra de eso también es que han sido liberadas varias personas en las que se han cometido errores en el procedimiento, que todos los días se viene revisando y analizando.
¿La baja de los homicidios, la erradicación de la extorsión, las desapariciones y todos los delitos del alto impacto atacados con el plan de seguridad son una forma real de dignificar los derechos humanos de los salvadoreños?
Efectivamente. Los resultados hablan por sí solos. Lograr que muchísimos salvadoreños que estaban en el exterior y no conocían a su familia, los mismos salvadoreños que no conocían El Salvador, puedan salir y conocer las calles. Poder hacer que los niños jueguen con los niños, de una colonia con otra, es una fantasía. También lo hacemos muchísimo, ir a las colonias, hablar con las personas, darse cuenta del cambio de vida tan drástico que han tenido. Es como si de verdad hubiera estado secuestrado durante más de 15 años todo un país, y hoy en día, gracias a la gestión y al liderazgo del presidente Nayib Bukele, hoy están libres.
Grupos y ONG opositores al Gobierno ventilan en el extranjero que en las cárceles hay tortura y otro tipo de agresiones de parte del Estado. ¿Cuál es su conclusión luego de su visita a los diferentes centros penitenciarios junto con la Procuraduría de Derechos Humanos?
Evidentemente, la condición en la que están los detenidos es buena. De acuerdo con la desinformación que ha existido, pues se decía incluso que había una fila de custodios esperando para golpear, eso es mentira. Allá digamos que las cámaras entraron, y no hablo yo. Las imágenes hablan por sí solas, de que en ese centro de detención, el Cecot [Centro de Confinamiento del Terrorismo], a las personas les respetan sus derechos, que no hay torturas. Yo no he visto ningún tipo de acto violento distinto a los propios de un régimen penitenciario dentro de una prisión, pues tiene que existir un régimen, una disciplina, porque es una prisión.
Hay prisiones de máxima seguridad como el Cecot en donde evidentemente todos pudimos ver, incluso los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que se respetan los derechos de las personas. La conclusión es esa: las imágenes hablan solas, y es que en El Salvador no hay ningún tipo de tortura contra las personas, tienen derecho a su defensa, se analizan esos casos.
¿Qué dice de los informes presentados por grupos opositores al Gobierno?
Hay informes que son presentados sin metodología de investigación, sin un procedimiento que no se les pueda hacer una trazabilidad. Yo no entiendo cómo alguien puede decir que, basado en la información que tiene, puede concluir que existió una tortura contra una persona, cuando la tortura es un acto de violencia para buscar que alguien diga algo en contra de su voluntad, que alguien diga la verdad, esa es la definición que existe internacionalmente. Entonces, debe existir un testigo que diga que lo vio, que dijo algo, porque la necropsia de una persona jamás podría decir que fue víctima de tortura, y el informe, por ejemplo, el de Cristosal dice eso, dice que hay no sé cuántas personas que concluye que fueron víctimas de tortura. ¿Basado en qué? Pues no digamos que no dice los documentos en los que se basa. Entonces, es un informe sin técnica, sin rigurosidad, es un informe totalmente anónimo, que no tiene trazabilidad, pues es imposible hacer ninguna investigación. Yo sí puedo decirles que todas las personas, de acuerdo con la información dada públicamente por el fiscal general, que quienes mueren en los centros penales se abre un caso para investigarlos, y que hay algunos que han sido archivados y que hay otros que aún siguen en investigación. Esas son palabras del señor fiscal, y entonces eso es, adicionalmente, un argumento clave de que hay una responsabilidad del Estado en la investigación de todo lo que pasa dentro y fuera de los centros penales.
¿Cree que los reos que están en el Cecot están recibiendo el trato acorde al de una persona que asesinó, extorsionó o hasta mutiló a personas inocentes?
Sí, claro, en el Cecot con los reos se cumplen todos los parámetros internacionales; tienen agua, tienen acceso a la salud, siempre hay alguien que trabaja en temas de derechos humanos, siempre hay algo en que ahondar más, y ese es el trabajo que estamos haciendo.