Extraordinario trabajo el de la comisión financiera de la Asamblea Legislativa, que al fin detendrá los abusos de los burós de crédito Dicom-Equifax, TransUnion e Infored, donde las empresas verifican nuestro récord crediticio antes de vendernos productos o servicios, generando ganancias pero también abusos al comercializar con nuestra información privada y comercial, tal como me sucedió. He aquí mi historia.
En 1998, adquirí un vehículo a plazos y después de un retraso en las cuotas más una acción mercantil, terminé de pagar el 6 de enero de 2000. Luego, a finales de enero de 2002, me acerqué a un banco financiero a solicitar un crédito, pero me lo negaron porque Dicom reportó la «mora histórica» que había tenido con la empresa automotriz.
Le mostré al banco mi recibo de cancelación total de dos años atrás y que no tenía mora alguna, pero me dijeron que debía ir a Dicom. Averigüé que las oficinas de Dicom estaban por un redondel de la Zona Rosa. Al llegar, toqué el timbre, en espera de que me abrieran la puerta, pero nunca sucedió, sino que a través de un vidrio oscuro escuché una voz —oscura también— de un agente de seguridad privada que me preguntó qué quería. Le expliqué la situación y le dije que quería entrar para que Dicom borrara de su base de datos la «mora histórica» de mi reporte crediticio, porque no correspondía con mi realidad actual. Me dijo el agente que nada tenía que hacer ahí y que mejor me retirara.
Llegué a la casa sin saber qué hacer, encendí mi laptop y busqué información sobre este tipo de casos; encontré que en países como Brasil y España ya se regulaba y reconocía el derecho a la protección de los datos personales y la garantía del habeas data. Me propuse entonces limpiar mi récord. Pero no existía ninguna entidad pública, y la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia del Sistema Financiero de esa época parecían del lado de los grandes, como Dicom.
Decidido a cambiar mi situación, a pesar de que en El Salvador no existía nada parecido, seguí adelante y preparé una demanda de amparo constitucional ante la Corte Suprema, ya que Dicom vendía mis datos personales y crediticios sin mi permiso y sin motivo alguno. El 15 de febrero de 2002 presenté el amparo y la Sala lo admitió, suspendió el acto reclamado, es decir, obligó a Dicom desde el inicio a limpiar mi récord crediticio mientras transcurría el juicio. Obtuve el crédito.
En marzo de 2004 (amparo 118-2002), la Sala reconoció por primera vez en El Salvador como derecho fundamental la protección de datos o autodeterminación informativa y el habeas data como la facultad de controlar el flujo de nuestros datos, especialmente en medios informáticos, como hace Dicom, y pedir acceso, rectificación, cancelación u oposición a nuestros datos.
Con otra demanda (amparo 934-2007), en defensa de los salvadoreños, logré que el buró Infor.net fuera condenado y abandonara el país en 2011. En 2012, nuevamente emprendí otra demanda contra Dicom-Equifax (amparo 142-2012), por la que fue condenado en 2014. Así, se sentaron las bases para que hoy los diputados regulen y frenen a estos burós que tanto daño han causado.
