La detención de al menos siete opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia de Nicaragua, bajo cargos de «incitar la intervención extranjera», provocó este miércoles nuevas condenas y sanciones de Estados Unidos y la comunidad internacional contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), Amnistía Internacional, entre otros, condenaron los arrestos de los opositores y demandaron su libertad inmediata.
El excanciller José Pallais fue el último capturado, en la ciudad de León, en medio de una redada contra líderes de la oposición que comenzó el 2 de junio con el arresto domiciliar a la aspirante a la presidencia y principal rival de Ortega en los comicios de noviembre, Cristiana Chamorro.
La policía investiga a Pallais por «incitar la intervención extranjera en los asuntos internos», «pedir intervenciones militares» y organizarse con fondos externos para «ejecutar actos de terrorismo y desestabilización» del gobierno de Ortega, según un comunicado de la institución.
Los delitos imputados a Pallais y a otros seis opositores detenidos, entre ellos cuatro precandidatos a las elecciones de noviembre, están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega.
Pallais es miembro del bloque opositor denominado Coalición Nacional y durante las protestas contra Ortega en 2018 fue miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del gobierno en el diálogo que intentó buscar una solución al conflicto.
Cuatro aspirantes a la presidencia de Nicaragua han sido detenidos en la última semana: el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro García, el exdiplómatico Arturo Cruz y la periodista Cristiana Chamorro.
También están detenidos el expresidente del gremio de empresarios José Adán Aguerri y la activista de la sociedad civil Violeta Granera.
Cristiana, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y bajo arresto domiciliar, era la principal rival a disputar las elecciones a Ortega, de 75 años y 14 en el poder, según sondeos de opinión. El mandatario no ha oficializado sin embargo si buscará un cuarto mandato sucesivo.
Sanciones
Estados Unidos, que ha considerado arbitarios los arrestos, llamó el martes «dictador» a Ortega y el miércoles dispuso sanciones económicas a cuatro funcionarios cercanos al mandatario, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo.
El Departamento del Tesoro dijo que sancionó a estos responsables por su apoyo «al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes».
Los sancionados, además de la hija de Ortega, son Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central; Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional; y el general Julio Modesto Rodríguez Balladares, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército nicaragüense.
Ahora suman 28 las personas sancionadas por Estados Unidos, entre familiares, allegados y funcionarios; además de tres entidades, entre esas la Policía Nacional, señalada de violar derechos de los nicaragüenses.
Además, la CIDH y la OACNUDH observaron en un pronunciamiento conjunto que los procesos penales contra los opositores violentan varios derechos y demandaron su «inmediata» liberación. Así como restablecer las garantías y el pleno goce de sus «derechos civiles y políticos».
Según estos organismos, entre los derechos violentados a los detenidos están la libertad personal, principio de legalidad, presunción de inocencia, derecho a ser juzgado por un tribunal o juez imparcial y garantías al debido proceso.
La cancelación de la personalidad jurídica a dos partidos de oposición, el hostigamiento a defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y medios de comunicación «continúan socavando la posibilidad de realizar elecciones libres, justas y transparentes», dijeron.
Ambas entidades, que documentaron los hechos ocurridos en el contexto de las protestas de 2018, estiman que las detenciones profundizan el «grave deterioro» de la instituciones democráticas.
Gobierno reacciona
El gobierno reaccionó a las sanciones de Estados Unidos calificándolas como «medidas ilegales arbitrarias, coercitivas y unilaterales» y como una nueva violación a la soberanía, según un comunicado distribuido a la prensa.
Las medidas de Washington «confirman» el «vendepatrismo» de los opositores detenidos «y las pretensiones y acciones terroristas y usurpadoras, que desde el intento de golpe de Estado del 2018 se han venido acentuando», añadió el texto.
El gobierno considera que las manifestaciones masivas en 2018, que demandaban la renuncia de Ortega y que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la CIDH, fueron un intento de golpe de Estado contra Ortega.
