Nuevas Ideas advirtió que las reformas al Código Procesal Penal que hacen imprescriptibles y dan juzgamiento retroactivo a los delitos de corrupción abren la puerta para investigar los procesos de privatización de los activos propiedad del Estado salvadoreño que fueron vendidos durante los gobiernos de ARENA.
La diputada de la comisión de legislación del parlamento y de la bancada cian Rebeca Santos sostiene que los cuestionados procesos de privatización de las administraciones areneras deben ser ahora indagados con la vigencia de la reforma.
«Disfrazaron acciones para privatizar la banca, privatizar la electricidad, las telecomunicaciones, y fue la forma que encontraron para llenar sus bolsillos de dinero del pueblo salvadoreño», advirtió Santos.
«No es justo que durante varios años le saquearon el dinero al Estado, al pueblo salvadoreño, y que ellos iban a estar tranquilos», reclamó la legisladora.
La Asamblea Legislativa aprobó, con los votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y VAMOS, en su más reciente sesión plenaria, una enmienda al artículo 32 del Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción sean perseguidos y juzgados de por vida.
ARENA, actualmente sumergida en escándalos de corrupción, gobernó el país de 1989 a 2009, y en esos 20 años fueron vendidos activos claves del Estado en cuanto a generación de recursos para el fisco, bajo el argumento de ser elefantes blancos.
Las administraciones del partido tricolor, con la creación en 1991 de la Comisión Nacional de Privatizaciones por decreto legislativo, inició el proceso de venta de activos públicos bajo el argumento de «crear nuevos inversionistas, de ampliar y democratizar el capital y estimular el crecimiento de un mercado local de capitales».
El primer gobierno arenero, con Alfredo Cristiani (1989-1994), inició los procesos de privatización de aquellos bienes y servicios que «circunstancialmente se encuentran administrados por el Estado y cuya administración no se traduce en eficiencia, sino, por el contrario, en una carga para las finanzas públicas»
Durante su mandato, Cristiani inició con la privatización de la banca y las asociaciones de ahorro y préstamo, y continuó con la privatización del comercio exterior, entre otras actividades estatales que pasaron a manos de la oligarquía y al capital extranjero.
Los procesos de venta de activos públicos continuaron con el segundo gobierno de ARENA. Armando Calderón Sol, quien gobernó el país de 1994 a 1999, emprendió la privatización de la distribución de la energía eléctrica, el servicio de telecomunicaciones y las pensiones.
Las primeras dos cayeron en manos de empresas extranjeras que tomaron un negocio que les genera millonarias utilidades, mientras que las pensiones representaron un gran lucro para sus administradores privados (AFP) en detrimento de los jubilados que perciben una paupérrima pensión.
Por su parte, el diputado Wálter Coto, de la bancada de Nuevas Ideas, sostiene que ahora el ministerio público ya no tiene excusa para investigar los casos de corrupción ocurridos en el país, independientemente del tiempo en que se cometan, como sería el caso de las privatizaciones.
«Estamos convencidos de que ahora hemos brindado las herramientas necesarias para que la Fiscalía comience procesos contra cada una de estas personas», dijo Coto.
El congresista también reclamó que se proceda a indagar los procesos de venta de los activos que fueron propiedad del Estado, y luego recordó: «El mayor desfalco del Estado fue hecho por una persona que se robó cientos de miles de dólares, y ahora van a ser perseguidos. Ha afectado a la colectividad y por eso es de orden público [la reforma]».