Las autoridades peruanas han logrado erradicar en lo que va de 2023 un total de 16,391,53 hectáreas de sembríos ilegales de hoja de coca, con lo que se ha impedido la producción de 153 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína, informó este sábado el Ministerio del Interior.
La cartera indicó en un comunicado que la erradicación fue posible por «las exitosas y sostenidas operaciones» que ejecuta con apoyo del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah) y la Policía Antidrogas. Añadió que, con el respaldo de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DirandroPNP), han desarrollado acciones en los ejes operacionales de los departamentos de Ucayali, Pasco, Huánuco, San Martín y Loreto.
Las últimas tareas de seguridad fueron ejecutadas en 8,581 parcelas ubicadas en los ejes operativos del distrito de Constitución en Huánuco y en la ciudad de Caballococha, de Loreto. Durante los trabajos de erradicación de plantaciones ilegales de hoja de coca también se destruyeron ocho laboratorios rústicos, siete en Huánuco y uno en Pasco, que eran usados para la elaboración de droga.
El proyecto especial Corah reportó que las labores de reducción del espacio cocalero, ejecutadas hasta el momento, permitieron neutralizar la producción de más de 150 toneladas de clorhidrato de cocaína destinadas a tráfico ilícito de drogas a escala nacional e internacional.
El mismo reporte indicó que, gracias al trabajo desplegado en las zonas de erradicación, se destruyeron 5,096.64 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca en Ucayali; 4,257.30 en San Martín; 3,726.13 en Huánuco; 2,109.16 en Pasco; y 860.70 en Loreto.
Para este año, el Ministerio del Interior ha planteado erradicar de 25,000 hectáreas de sembríos de hoja de coca con especial hincapié en la región Ucayali. Entre 2018 y el 2022, el Proyecto Especial Corah erradicó un total de 84,308 hectáreas de coca con un impacto directo en áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, así como en territorios de pueblos indígenas.
La política antidrogas que dirige el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, se sostiene en una tenaz lucha por reducir el espacio cocalero y toda forma de crimen organizado ligado a este delito.
