La reacción inmediata ha sido una característica clave de las autoridades de Seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele para terminar a las pandillas, algo nunca visto en administraciones pasadas de los gobiernos de ARENA y el FMLN que al contrario, negociaron con estas estructuras para que supuestamente frenaran su accionar a cambio de diversos beneficios.
Hasta ahora, las estrategias de seguridad del gobierno, el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción, están encaminadas en capturar a «todos los que estén involucrados, que tengan relación o sean colaboradores de estas estructuras que por muchos años hicieron daño a toda la población honrada», han dicho las autoridades.

«Tenemos el objetivo de erradicar a todos los miembros en suelo patrio. Tenemos la misión importante de capturar a estos asesinos seriales que aún están en nuestro país», ha reiterado el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Ante cualquier delito denunciado, las autoridades han actuado inmediatamente. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, se registra que la impunidad ha pasado de 97 % en las administraciones anteriores a menos de 20 % actualmente.
«Homicidio cometido, homicida capturado. La impunidad del delito de homicidio en enero 2023 fue de un 19%, venimos de un país que tenía un 97% de tasa de impunidad, hemos logrado una reducción histórica. Esto es parte de todo ese trabajo coordinado entre Policía, Fuerza Armada y Fiscalía», afirma el titular de Seguridad.
Autoridades aseguran que la herencia recibida en materia de seguridad se ha transformado y se han revertido las tasas de impunidad, «como Estado tenemos muy claro que no vamos a tolerar ningún delito. Todos esos pandilleros que solo han causado luto y dolor a las familias salvadoreñas, ya NO los queremos en nuestra sociedad. Vamos a extraer cada célula de este cáncer social», ha reiterado el titular de Seguridad.
Caso contrario a lo que se vive actualmente en El Salvador sucedió durante los gobiernos de ARENA y FMLN, quienes crearon políticas públicas de seguridad en vano e incluso llegaron a darles beneficios a las pandillas como ocurrió durante la tregua que fue avalada por el expresidente de izquierda y ahora prófugo Mauricio Funes.
Durante este período de corrupción, el mandatario quien ahora vive en Nicaragua, pactó con las estructuras terroristas para que redujeran los homicidios que para el 2012 superaban los 30 por día a cambio de votos y a través de beneficios carcelarios para los pandilleros en los penales, adiestramiento en polígonos de tiro de la Fuerza Armada y miles de dólares para cabecillas.
Ahora con el PCT y la guerra contralas pandillas se ha logrado desarticular a dichas estructuras, solo en el último año se han de tenido a más de 66,415 pandilleros y colaboradores, se les ha decomisado 2,547 armas; 3,292 vehículos; 15,878 celulares y $3,000,000 en efectivo.
«Esta guerra que, si bien inicia desde el Órgano Ejecutivo, pero tiene una inmediata respuesta por el Órgano Legislativo y en el devenir del tiempo e incluso a pocos días de haber implementado la guerra contra las pandillas vemos cómo el Órgano Judicial se suma», explicó el funcionario.
Otra muestra de que el gobierno ha desarticulado a las pandillas es que ahora estas ya no tienen el control en las cárceles, al contrario, los jefes, colaboradores, cabecillas, etc., están siendo llevados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) donde permanecen bajo estrictas medidas de seguridad.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas asegura que «los terroristas ahora están donde deberían haber estado desde hace años, encarcelados. Desde el inicio, la orden directa del Sr. presidente Nayib Bukele fue, perseguir sin tregua a los criminales», ha dicho.
Villatoro afirma que «es la población la que nos está pidiendo que erradiquemos este mal. Esta es una alineación de planetas que posiblemente ya no la vamos a volver a tener, comenzando con la valentía y la firmeza del presidente de Nayib Bukele, la comunión con los otros dos órganos de Estado y sobre todo la más importante es la comunión de la población con el Estado».