Como primer punto, el régimen de excepción se da como respuesta a la ola de asesinatos del 26 de marzo de 2022, con la que las pandillas trataron de medir fuerzas con el Gobierno y seguramente buscar negociar, como lo habían hecho con los gobiernos corruptos pasados. Sin embargo, ese fin de semana, que se convirtió en el más violento de la historia salvadoreña, fue contraproducente para las pandillas, puesto que desencadenó medidas nunca vistas contra estos grupos criminales, convirtiéndose en la mejor política criminal que ha tenido el Estado salvadoreño para combatir a las pandillas.
El estado de excepción otorga herramientas legales para arrestar a miles de personas acusadas de pertenecer a las pandillas. Los pandilleros son acusados de cometer una serie de delitos en nombre de las estructuras criminales, con el fin de generar terror y obtener ganancias económicas. Es así como, los delitos más frecuentes de los que los acusan son asesinato, desaparición, violación, extorsión, desplazamientos forzados, lavado de dinero, hurtos, robos y demás actividades ilícitas propias de una organización de grupos terroristas, que busca tener el control psicosocial y territorial para generar ganancias en una economía criminal.
Ahora bien, es importante saber cuál es el fundamento jurídico del régimen de excepción y se encuentra en el artículo 29 de la Constitución Salvado reña, vigente desde 1983, en el que se le da la posibilidad al Estado de suspender las garantías a sus ciudadanos ante una grave perturbación del orden público. En este sentido, el Gobierno actual tuvo la valentía de aplicarlo como una herramienta legal, ante la crisis que se vivía por el control territorial que las pandillas habían construido y mantenido por décadas.
En este sentido, los tres poderes y todo el aparato estatal han tenido una misma visión y ruta encaminada a combatir las pandillas, por lo que el régimen de excepción ha tenido más de seis prórrogas desde que se impulsó y lo ha validado la Asamblea Legislativa al amparo del artículo 30 de la Constitución.
Analizando los datos del Plan Control Territorial y del actual estado de excepción, se aprecia que estadísticamente las cifras apoyan la tesis del Gobierno de que las pandillas son grupos terroristas culpables de la violencia criminal que sucede en el país. Asimismo, se comprueba que el estado de excepción ha servido como disuasivo y eliminador de actividades criminales, pues las cifras de los homicidios bajaron de 2,397 en 2019; 1,341 en 2020 y 1,140 en 2021; y lo mismo sucede al ver el descenso significativo de otros rubros criminales.
A pesar de que el estado de excepción es visto por la población como una salida positiva ante la violenta permanencia de las pandillas en las comunidades y por el Estado como una política criminal efectiva y eficiente, existen voces disidentes que están en contra, entre ellas, los partidos de la oposición, los tanques de pensamiento, las ONG y las organizaciones que se lucran y velan por derechos humanos de los pandilleros.
