Gracias a las medidas ejecutadas en el marco del régimen de excepción para enfrentar la violencia desatada por las pandillas, los salvadoreños han recuperado la tranquilidad y seguridad que durante tres días les arrebataron las organizaciones criminales, que masacraron a 87 personas.
La oposición, sin ninguna muestra de pudor, celebró estas muertes y atacó al Gobierno al decir que esa escalada de violencia era la prueba del fracaso de las políticas de seguridad pública. Sin embargo, es todo lo contrario. Debido a la efectividad del Plan Control Territorial, las pandillas decidieron golpear al pueblo salvadoreño, y reclamaron el trato que recibieron de ARENA y del FMLN, de los que recibieron prebendas y privilegios a cambio de reducir la cantidad de muertos y de apoyar en las elecciones y otros negocios.
Las medidas de emergencia apoyadas por la actual Asamblea Legislativa atacaron el problema de raíz, y les dieron herramientas a las autoridades para detener a los pandilleros y sus colaboradores, además de aumentar las penas por los delitos cometidos por estos criminales, incluso a aquellos menores de edad utilizados por los pandilleros para sus crímenes. Esto último era una demanda ciudadana que tenía años de existir, pero que ningún Gobierno anterior había tenido la voluntad de aplicar, a pesar de que es algo común en otros países, donde menores de edad son juzgados como adultos conforme a la naturaleza de sus crímenes.
Las medidas contra la delincuencia redujeron de manera inmediata los homicidios. Han sido tan eficaces que hasta se han reportado días sin muertes violentas después del repunte de finales de marzo. No obstante, los defensores de los pandilleros salieron, de inmediato, a atacar las reformas y la manera en la que las autoridades las han ejecutado, y llegaron al descaro de decir que se violan los derechos humanos de los pandilleros, sin tener en cuenta que son medidas para salvaguardar la vida de los ciudadanos honrados y decentes, para protegerlos a ellos y a sus familias de los asesinatos con lujo de barbarie, de las extorsiones, de las violaciones y de todos los delitos cometidos por estos grupos al margen de la ley.
Las máscaras de los aliados de las pandillas se han caído en la medida que han salido a atacar al Gobierno por las acciones contra la criminalidad, llegando al colmo del cinismo como lo dijo un periodista de un sitio web que ha vivido de publicar historias truculentas de los pandilleros que estos criminales son «parte importante de la sociedad» y que «no pueden ser erradicados».
