El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 45 años de prisión a C. H. A., implicado en el secuestro de una víctima en febrero de 2009 en Soyapango.
La investigación detalla que la víctima salió de un negocio familiar para almorzar, y al no regresar, sus parientes iniciaron su búsqueda. Un día después de la desaparición, la familia recibió una llamada donde exigían $40,000 a cambio de entregarles a su familiar.
Tras varias negociaciones telefónicas, los parientes les informaron que solo reunieron $10,000, producto de la venta de vehículos y otros bienes. Posteriormente, los secuestradores les dijeron que se comunicarían con ellos para indicarles el punto de entrega.
Paralelamente, las autoridades instalaron un operativo de vigilancia en la zona, marcando un perímetro en viviendas ubicadas en la colonia Prados de Venecia, que a su vez permitió un control de activación de antenas telefónicas, logrando establecer la posible ubicación de los secuestradores.
La Policía también implementó controles vehiculares en la zona, sin encontrar ilícitos en los vehículos intervenidos, entre ellos hubo un hombre al que se le decomisó un chip telefónico.
Los sujetos no se volvieron a comunicar con la familia para cobrar el dinero y dejaron de responder llamadas el 7 de marzo. El cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado el 11 de marzo de 2009 a un costado de la carretera a Suchitoto, en San Martín. La PNC hizo un peritaje forense al chip decomisado, descubriendo que pertenecía a la víctima y que era el mismo número utilizado por los secuestradores para hacer las llamadas de negociación. Eso permitió identificar al portador del chip como C. H. A., quien fue procesado en ausencia.
La FGR presentó pruebas testimoniales, junto con informes de análisis telefónicos, químicos y físicos, sugiriendo la participación del procesado en el secuestro, en complicidad con otra persona que ya fue condenada en un proceso judicial distinto.
La juzgadora del del referido Tribunal valoró las pruebas presentadas durante la vista pública y, en aplicación a la reforma del Código Procesal Penal, dictó una condena de 45 años de prisión al prófugo C. H. A., con el fin de evitar la impunidad para hechores de delitos graves. Asimismo, dispuso que sea remitido al centro penal tan pronto se efectúe su captura, ya sea en territorio nacional o internacional.
