Por primera vez en toda la historia de El Salvador, el Gobierno Central puede trabajar de manera armoniosa tanto con la Asamblea Legislativa como con el Órgano Judicial. Sin duda, esto es una ventaja muy grande para los ciudadanos, porque los proyectos que envía el Ejecutivo son aprobados después de la discusión necesaria, sin debates estériles o intervenciones de políticos que buscan llevar «agua para su molino», tratando de vender como propios los logros del Gobierno.
Los únicos que se oponen a esta nueva dinámica política son aquellos que precisamente perdieron poder en las elecciones y, con ello, su influencia para decidir cómo se iban a utilizar los dineros públicos. Pongamos como ejemplo la ley del agua, con la cual el objetivo de la vieja Asamblea Legislativa era privatizar la administración, distribución y el servicio del vital líquido al delegar en representantes de una gremial la toma de decisiones. Esto es legislar a favor de grupos corporativos. Sin embargo, cuando los salvadoreños decidieron dar la mayoría calificada a Nuevas Ideas, se liberó el poder público, secuestrado por una pequeña élite, y se estableció una conexión directa con la población.
Por esa misma razón, también la ANEP perdió su representación en las juntas directivas de las autónomas, lo que no busca relegar a la empresa privada; por el contrario, la verdadera empresa privada —la que no responde a los intereses políticos y financieros de una cúpula— tendrá espacio para ofrecer soluciones, para exponer los verdaderos problemas de los ciudadanos, y no para sacar provecho de los proyectos y presupuestos que se discuten en las juntas.
Hay que ver un poco hacia atrás en la historia política salvadoreña para darnos cuenta de la falacia de aquellos que dicen que antes hubo «balance de poderes» entre los órganos del Estado, obviando que en el pasado se construía «gobernabilidad» a base de sobornos y repartos de instituciones, en lugar de que fuera la expresión del voto popular, como sucede hoy. Así gobernaron ARENA y el FMLN durante 30 años: comprando las mayorías con maletines negros.
Lo mismo sucedió durante la conformación de la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados eran una extensión de las bancadas parlamentarias. Por lo tanto, el pacto y el reparto que había en el Legislativo extendían su influencia hasta el Órgano Judicial con la elección de magistrados que, a su vez, controlaban a jueces y nombraban al personal administrativo. Ese vínculo se ha roto y la alianza ARENA-FMLN ha quedado, como en la Asamblea Legislativa, totalmente relegada a la irrelevancia.
Eliminar el debate estéril en las comisiones legislativas y en el pleno parlamentario es una gran ventaja, porque permite aprovechar mejor el tiempo para que los diputados dediquen sus energías a resolver problemas acuciantes. Es increíble la cantidad de expedientes archivados por la actual legislatura porque tenían años de estar engavetados.
