Por cohecho propio e impropio [recibir sobornos], prevaricato (resolver contrario a derecho), estafa agravada, violación, enriquecimiento ilícito, agresión sexual en menor e incapaz, delito de tráfico de armas y hasta por «ineptitud e ineficiencia» han sido las causas por las que jueces y magistrados han sido destituidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los diferentes tribunales los han procesado o condenado en el periodo de 2010 al 2020 a escala nacional.
El sistema judicial ha sido uno de los órganos más criticados en el país y prueba de ello es la queja que año tras año hace el departamento de Estado de los Estados Unidos a través del Informe de Derechos Humanos en el que ha reiterado que ese Órgano es corrupto, ineficiente y que posee recursos insuficientes para la implementación y cumplimiento de las leyes.
Para tener un ejemplo de la pobre depuración, de 2014 a 2020 la Corte recibió 562 denuncias contra jueces, pero solo destituyeron o suspendieron a 55.
A lo largo del tiempo han sido diferentes las voces que han pedido una depuración profunda en el sistema de justicia, sin embargo, tras la aprobación de reformas a la Ley de la Carrera Judicial por parte de la Asamblea Legislativa, la oposición salió en defensa de ese órgano y olvidaron sus peticiones del pasado.
Las reformas aprobadas recientemente en el pleno legislativo pretenden regular los ingresos, traslados y la cesación de los jueces y magistrados de las cámaras que pasan de los 60 años de edad o que tienen más de 30 años de ejercer en el poder judicial, y quienes históricamente ha sido criticados porque algunos de sus colaboradores actuaron bajo presiones de terceros o bajo conveniencias personales.
Son muchos los procesos que han salpicado a los impartidores de justicia, procesos en que jueces recibieron dinero para beneficiar a delincuentes, de fabricar pruebas para favorecer a terceros, de estar inmersos en delitos sexuales, y hasta ser señalados de enriquecimiento ilícito, como fue el caso de Agustín García Calderón, expresidente de la CSJ, quien al final fue exonerado ante la insatisfacción de la Fiscalía.
Los casos
CSJ DESTITUYE A DOS JUEZAS; UNA CON 20 DENUNCIAS
En 2011, la CSJ ordenó la destitución de las exjuezas: Dora Margarita Gómez Rodríguez, Jueza primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador y Gloria Marina Cabrera, jueza de Paz de Corinto, Morazán.
En la nota de Corte Plena detalla que Gómez Rodríguez fue destituida por «ineptitud e ineficiencia». La jueza tenía más de 20 denuncias y mismo número de expedientes de investigación abiertos. Ella puso en libertad a Sabino López Preza, condenado por dirigir una famosa banda de secuestradores conocida como «La Banda de Sabino».
Gómez también fue investigada por conceder libertad condicional a José Agapito Ruano Torres, vinculado a una supuesta banda [Los Guaza], que operaba en Guazapa, y que fue condenado a 15 años de prisión por el secuestro de un empresario de buses en agosto de 2000. Pero la Corte la destituyó por una denuncia de Centros Penales que la acusó de retardar la salida del privado de libertad que pasó recluido 83 días más de la pena impuesta.
En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado de El Salvador fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, a la libertad personal y a la integridad personal en perjuicio del señor José Agapito Ruano Torres, quien estuvo preso de manera injusta.
En el caso de Gloria Marina Cabrera fue denunciada por quedarse con dinero del Estado. En el expediente se lee que los magistrados lograron comprobar «irregularidades en el desempeño de su cargo» y la encontraron también responsable de «no realizar las diligencias judiciales que como funcionaria estaba obligada a cumplir».
Agustín García Calderón, expresidente de la CSJ
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón y su esposa, Gloria Natividad Valdés de García, fueron investigados por supuesto enriquecimiento ilícito de $240,863.77. García Calderón, fue presidente del Órgano Judicial entre los años 2000-2009. El reporte FGR detalla que García Calderón, se enriqueció indebidamente con $230,863.77, no obstante, fue absuelto por una cámara.
Ex jueces Enrique Beltrán, José Rodolfo Castillo y Jorge González Guzmán
Los tres jueces especializados de Sentencia y de Instrucción de San Miguel fueron condenados en 2017 a penas de entre 4 a 19 años de cárcel tras comprobárseles que recibieron dinero para beneficiar a delincuentes. Cometieron delitos de cohecho propio e impropio [recibir sobornos].
Exjuez condenado por favorecer resoluciones
El juez de Primera Instancia de Atiquizaya, Ahuachapán; y magistrado suplente de la Cámara Tercera de lo Civil de la zona occidental, Joaquín Francisco Molina Linares fue condenado a dos años de cárcel tras ser encontrado culpable por el delito de prevaricato [fallar contrario a derecho].
El exjuez fue encontrado culpable de asesorar al abogado José René Ramírez Peña en tres expedientes judiciales que se ventilaron en el Juzgado de Primera Instancia de Atiquizaya. Ramírez Peña es hijo de René Danilo Ramírez Montoya, exjuez de Instrucción de Metapán.
La Fiscalía presentó un informe de análisis de llamadas telefónicas efectuadas del 18 de enero de 2017 al 10 de abril de este mismo año, período en el cual se registraron 116 llamadas entre los números del juez y el abogado.
Exmagistrado Eduardo Jaime Escalante
Este magistrado es procesado por el delito de agresión sexual en menor e incapaz. El caso data de febrero de 2019, cuando el magistrado hizo tocamientos indecorosos a la víctima en la residencial Altavista II, Tonacatepeque. La investigación detalla que el acusado llegó donde la menor, que jugaba con un amigo, la tomó de hombros y la habría manoseado.
Exjuez Romeo Aurora Giammattei
Llamadas telefónicas inculparon al exjuez noveno de Paz, de ser quien fabricaba pruebas para beneficiar a un procesado y perjudicar a un tercero frente a los tribunales con pruebas falsas, todo con el consentimiento del exfiscal general, Luis Martínez, según la Fiscalía. En otro caso, y tras un allanamiento en una residencia del prófugo Mauricio Funes, la Fiscalía encontró un arma a nombre del exjuez Giammattei, lo que valió para procesarlo por el delito de tráfico de armas. Es prófugo.
Exjueza de Sonsonate procesada por estafa
En 2017, la jueza de sentencia de Sonsonate, Hilda María Isabel Cabañas Hurtado y Saúl Antonio Álvarez Servando, enfrentaron un proceso el Juzgado de Paz de Sonzacate, por el delito de estafa agravada en perjuicio de dos víctimas.
Con respecto a la estafa, la Fiscalía indicó que caso inició el 26 de octubre de 2016 cuando la víctima que labora en la oficina de la Procuraduría General de la República en Sonsonate, denunció que, en febrero de ese mismo año, la funcionaria judicial siendo su amiga, le propuso invertir en la compra de una dos retroexcavadora y dos camiones de volteo, entregándole $5,000.
Polémicos fallos
La Fiscalía General de la República luego de la captura de la jueza publicó en su página web tres polémicos fallos que la jueza emitió, uno tiene que ver con la sentencia absolutoria de 11 pandilleros de la 18 por el delito de homicidio, el Ministerio Público apeló y la Cámara de la Segunda Sección de Occidente de Sonsonate, revocó ayer esa sentencia absolutoria y les impuso condenas de 20 años, dando la razón al recurso interpuesto el 28 de octubre del año pasado
Cabañas Hurtado, también absolvió a seis soldados y oficiales del Destacamento Militar Número 6 de Sonsonate, por la desaparición forzada de tres jóvenes de Armenia, hecho ocurrido el 17 de noviembre de 2015, sentencia que fue revocada por la Sala de lo Penal, el 28 de octubre del 2016, y ordenó que la Cámara de lo Penal de Occidente emitiera sentencia donde se les condenó a ocho años.
La jueza, también había absuelto el 26 de octubre de 2016, a Simón Vásquez por el delito de violación en menor e incapaz, en perjuicio de un niño, pero la Fiscalía apeló y la Cámara revocó y lo condenó a 14 años.
Exjuez de Santa Ana acusado de violación
El exjuez Carlos Alfredo Alvarado Rodríguez, quien fungió como presidente del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, fue enjuiciado por el delito de violación en perjuicio de un joven. En 2017 fue absuelto por el mismo tribunal que dirigía. Pero la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente ordenó un nuevo juicio del que en 2019 fue librado por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Según la declaración de la víctima, fue invitado a ingerir bebidas embriagantes por el exjuez y Arévalo Toledo en una gasolinera de Santa Ana, luego le ofrecieron llevarlo a su casa, pero en el camino se desviaron y lo llevaron a otro lugar; donde Arévalo Toledo lo sujetó para que Alvarado Rodríguez abusara de él.
Exjuez de Jujutla es condenado a cuatro años por pedir $2,000 a imputado
El exjuez de Instrucción de Jujutla, Ahuachapán, César Astolfo Espino Moreno fue condenado a cuatro años por los delitos de prevaricato [resolver contrario a derecho] y cohecho propio [pedir dinero].
Espino Moreno cometió el ilícito cuando en un proceso penal que conoció le dijo al imputado que le podía ayudar, según la Fiscalía el administrador de justicia se reunió con el procesado en noviembre de 2013.
Luego de ese primer acercamiento, el juez fue a buscar al imputado a su casa en enero del año 2014, manifestándole que si le entregaba $2,000, le podía ayudar para que saliera de ese problema legal ya que conocía a una persona que trabajaba en la Fiscalía y eso garantizaba que no se iba apelar la resolución que como juez iba a emitir a su favor.