Desde sus inicios el Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) tuvo una serie de tropiezos que fueron desde atrasos en su construcción e inicios de operaciones hasta el disponer de manera exclusiva -pero de forma inconstitucional- de los carriles segregados, y la cuestionada sociedad que se conformó con algunos buseros para darle vida al proyecto.
Instituciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) cuestionaron el proyecto y las obras que formaban parte del mismo como la terminal de buses la cual fue construida en un terreno municipal ubicado en la avenida Rosario Sur, Soyapango, donde inicialmente se edificaría un parque.
Otras críticas iban en el sentido que no hubo completa supervisión externa para verificar avances y modificaciones en la idea original del proyecto, esa información nunca fue revelada por las autoridades de turno.
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El Sitramss fue el proyecto insignia en gobiernos del FMLN. El primero en elevar críticas fue el entonces alcalde de San Salvador, Norman Quijano, que denunció que era copia de su propuesta de transporte para descongestionar el Centro Histórico.
El proyecto dividió a los empresarios del transporte público, pues un grupo afín al Gobierno creó la sociedad Sistema Integrado de Prepago (Sipago) –diciembre de 2010– y dejaron fuera del negocio a transportistas que no estaban de acuerdo en cómo se ejecutaría el proyecto, por ello hubo señalamientos de corrupción.
El Sitramss inició operaciones en 2015 y al principio fue gratuito, pero en marzo de ese año las unidades comenzaron a circular con normalidad cobrando 0.33 centavos por pasajero, en pocos meses ya todo era aglomeraciones, tanto en terminales como dentro de las unidades.
Una ilegal exclusividad
La cuestionada «exclusividad» de los carriles segregados generó que se interpusieran recursos y que luego la Sala de lo Constitucional emitiera un fallo –junio de 2019- que dejó sin efecto esa exclusividad para los buses padrones y articulados, declarando que esa medida había sido ilegal por parte de la Dirección General de Tránsito del Viceministerio de Transporte.
Ya en 2017, la misma Sala había ordenado que todos los automovilistas podían hacer uso de los carriles, entonces llamados, segregados.
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“El uso privativo del carril segregado y de las estaciones implica una restricción del uso libre e indiscriminado de los bienes de uso público”, decía el fallo de la Sala.
