El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador suspendió por segunda vez la audiencia preliminar de la causa penal conocida como El Chaparral, a raíz de un escrito que presentó uno de los abogados defensores.
En este expediente son procesados el expresidente Mauricio Funes, Miguel Menéndez Avelar «Mecafé», el expresidente de CEL, José Leopoldo Samour Gómez y otros tres imputados.
La primera vez la diligencia no se hizo porque Samour Gómez, procesado por peculado y agrupaciones ilícitas, presentó un escrito pidiendo inaplicar las reformas al Código Procesal Penal que permite enjuiciar a un imputado como reo ausente.
El ministerio público señala a Funes de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado y «Mecafé», por lavar dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado), cohecho activo y agrupaciones ilícitas.
Mario Federico Piagostini Maiochi, representante de Astaldi es acusado de cohecho activo (soborno); José Efraín Quinteros, por lavado de dinero; también enfrentan el delito de agrupaciones ilícitas, mientras que Ada Michel Guzmán Sigüenza, excompañera de vida de Funes, es acusada de lavado de dinero.
En la acusación fiscal se cuestiona el favorecimiento para la empresa italiana Astaldi que recibió $108.5 millones en arreglo directo por finalizar el contrato llave en mano, de la construcción de la presa El Chaparral, por una obra al 29%.
La Presa Hidroeléctrica El Chaparral, está ubicada en San Luis La Reina, departamento de San Miguel. El arreglo causó al Estado un perjuicio económico de $45 millones.
