La analista Tahnya Pastor reiteró ayer que el régimen de excepción ha sido una medida constitucional efectiva para el combate de las maras y pandillas. Ese fenómeno nació y creció durante los cuatro gobiernos de ARENA y se fortaleció con los dos gobiernos del FMLN.
El estado de excepción está vigente en El Salvador desde el 27 de marzo y fue aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo para enfrentar el repunte de homicidios provocados por los grupos delincuenciales.
«Aunque no se quiera aceptar, el régimen de excepción ha sido exitoso, no se pueden inflar las cifras de personas inocentes que puedan haber sido detenidas para atacar a esta medida», señaló la analista en la entrevista Diálogo con Ernesto López.
El Gabinete de Seguridad, integrado por el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), registra desde marzo la captura de más de 56,000 mareros y pandilleros, incluidos cabecillas y colaboradores de estas organizaciones.
También informó que ha golpeado las finanzas de las estructuras terroristas con el decomiso de unidades del transporte colectivo y mototaxis que eran propiedad de las pandillas, pero eran administradas por particulares, quienes también se encargaban de recoger la extorsión.
Además, dicha herramienta constitucional ha permitido reducir los delitos de las pandillas, como las extorsiones, las privaciones de libertad, las desapariciones forzadas, las amenazas y los homicidios.
A pesar de estos beneficios reales, los partidos de la oposición política (ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo) han negado sus votos para aprobar o prorrogar el régimen de excepción, bajo el señalamiento de que ya no es necesario para combatir a maras y pandillas, las cuales en 2015 fueron declaradas organizaciones terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Asimismo, ONG nacionales e internacionales se han quejado de la implementación del régimen de excepción y han señalado presuntas violaciones a los derechos humanos en El Salvador.
Sin embargo, esta semana, el Gobierno de Ecuador ordenó aplicar esa medida por 45 días en las provincias de Guayas y Esmeraldas, porque grupos criminales han atacado unidades policiales, un hospital y han ocasionado 10 atentados con explosivos en gasolineras.
Paradójicamente, uno de los críticos de esa medida, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, escribió en Twitter: «Apoyamos al Gobierno del presidente [Guillermo] Lasso en su tarea para restablecer el orden público y determinar responsabilidades en el marco del Estado de derecho».
