«Vendemos títulos falsos de bachiller y universitarios, en tres días se lo entregamos», postea sin ningún reparo un vendedor que ofrece este tipo de documentos en redes sociales. Esta dinámica ilegal ha sido más recurrente en los últimos meses.
En plataformas como Facebook es usual encontrar más de alguna publicación sobre la venta de títulos falsos. Por $200 o $250 una persona puede convertirse de la noche a la mañana en ingeniero, licenciado en psicología o mercadólogo, obteniendo uno de estos documentos falsificados; lo que en la vida real demandaría de cinco a diez años de estudio.
«Usted solo me tiene que dar el nombre completo, el año que quiere que aparezca que se graduó, una foto formal, el nombre de la carrera y la institución», son los únicos datos que piden los falsificadores.
Los documentos se hacen contra entrega, «al momento que usted lo pida lo comenzamos y nos podemos reunir en Metrocentro para dárselo, nosotros trabajamos todos los días del año», detalló un vendedor cuando una persona le consultó vía teléfono sobre el proceso de entrega.
Esta práctica no es nueva, ya que varias veces la Policía ha detenido a delincuentes que se dedican a falsificar todo tipo de documentos, firmas, sellos y emblemas de universidades, que incluyen hasta certificaciones notas o de inscripción del ministerio de Educación.
En el centro de San Salvador, por ejemplo, hay muchas imprentas que de manera «secreta» también venden este tipo de documentos.
«Yo fui el año pasado, antes de que iniciara la pandemia, a preguntar ahí por el centro de San Salvador. Hay una imprenta por la Juan Pablo, donde te venden los títulos, obvio no lo anuncian, pero si vos llegas y preguntas te dan la información», dice Gabriela Vásquez, de 19 años.
Según estadísticas de la Fiscalía General de la República, de 2018 a diciembre del 2020 hay cinco procesos judiciales abiertos en San Salvador por estas faltas contempladas en los delitos de falsedad material y uso de documentos falsos. Tanto la persona que emite los documentos y quien los usa puede cometer delitos.
«El que hiciere un documento público o auténtico, total o parcialmente falso o alterare uno verdadero, será sancionado con prisión de tres a seis años», reza el artículo 283 del Código Penal. Mientras que, el artículo 287 dice que «el que con conocimiento de la falsedad y sin haber intervenido en ella, hiciere uso o tuviere en su poder un documento falsificado o alterado, sea público, autentico o privado, será sancionado con prisión de tres a cinco años».
Incluso, en 2019, tres hombres que tenían dos negocios con fachada de imprenta en la alameda Juan Pablo II y avenida Monseñor Romero de San Salvador fueron capturados por falsificar documentos, entre ellos, títulos académicos.
Más de 100 títulos de diferentes universidades, sellos oficiales, placas de vehículos, entre otros fueron decomisados a Nelson Edgardo Guzmán Olmedo de 50 años, Nicolás Pérez Mártir de 63, Milton Fabricio Guzmán Olmedo, de 55 años.
Estos falsificadores ofrecían los documentos entre $80.00 y $100.00.
La Ley General de Educación establece que «las instituciones autorizadas por acuerdo ejecutivo en el ramo de Educación para impartir educación media son las únicas legalmente facultadas para extender el título acreditado de bachiller» y en educación superior son las universidades que son certificadas por el MINED.
