Las recientes informaciones sobre el ser y quehacer de la Asamblea Legislativa (AL) —del actual período y de anteriores— no han hecho más que descarnar, con amplitud, lo que siempre fue un secreto a voces: la existencia de numerosas plazas fantasma con el rimbombante título de asesores y técnico-analistas.
Hace algún tiempo se publicó una lista de asesores legislativos que, con excepción —justa y precisa— de los técnicos verdaderos, el resto sabía a engaño. Desde entonces, y más ahora —conocidas nuevas y enormes deudas por no pago de la directiva—, el pueblo salvadoreño confirma que en la Asamblea Legislativa —como en «Hamlet»— «algo huele a podrido en Dinamarca».
Estos abusos en la AL vienen desde siempre, pero hoy rebalsó la cifra, haciendo rebalsar también la ira del pueblo contra los legisladores, a los que —sabia y democráticamente— les dijo ya basta el 28 de febrero. A la lista de los falsos «asesores» y a la de los «asesores de asesores» se agrega la denuncia de las plazas fantasma.
El caso es que —con las apreciadas por mínimas excepciones— la mayoría de los «asesores» no son tal, pues carecen de la honradez y capacidad necesarias, igual que algunos de sus diputados jefes. Más bien, la mayoría son activistas, siempre listos para la siguiente campaña electoral. En todo caso, para el pueblo, la mayoría de los nombramientos, más que a incapacidad, suenan a corrupción. O a ambas.
Hace unos meses, el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, y todavía hace poco el actual presidente, Mario Ponce, reconocieron que hay exceso de personal, pero dijeron que «nunca pudieron hacer nada para remediarlo». Esto es obvio. Para ellos sería como tirar al aire un búmeran. Con todo, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene suficientes pruebas e insumos para una investigación seria, completa y efectiva.
En cuanto a las causas de estas tropelías legislativas, en gran medida obedecen a la tradicional mala designación de candidatos propuestos por los partidos políticos con la intención de cumplir compromisos familiares o políticos, o por compadrazgo y amiguismo, sin tomar en cuenta la honradez e instrucción notorias de los futuros diputados.
La Constitución de la República (art. 126.) exige «honradez e instrucción notorias» a los candidatos a diputado. Una exigencia nunca cumplida: unos tienen capacidad pero no honradez, otros a la inversa, y otros no tienen ni capacidad ni honradez. Son solo números mudos en el pleno. Jamás se les ve ni se les oye una palabra, menos una propuesta, aparte de que las cúpulas de sus partidos ya tienen escogidos a los mismos dos que tres diputados como los únicos y «versados voceros» para evitar que el resto de su fracción les robe cámara —lo cual afectaría los intentos de reelección— o puede ser para evitarles hacer el ridículo con intervenciones desafortunadas.
Todo lo anterior, unido a la incoherencia parlamentaria, muestra perjuicio e ignorancia supina, tales como el descaro de exigir transparencia, rendición de cuentas o que se ejecuten obras «flash» cuando los que exigen jamás lo han hecho, o hablar «en nombre del pueblo salvadoreño» cuando el mismo pueblo, masivamente, les ha negado su representación; o acusar de robarle al erario, dándole vida al Evangelio de la paja en el ojo ajeno. Y así hay mucho más.
En cuanto al tema de las plazas y asesores falsos en la AL, el pueblo espera justicia y condenas claras no por revanchismo caprichoso, sino por el robo descarado a sus bienes y como castigo por la evidente traición de lesa patria.