Si algo quedó claro con el truncado proceso de desafuero en contra del comisionado Mauricio Arriaza Chicas es que la agenda político-electoral de los diputados domina sus actuaciones. La defensa del director de la Policía estableció que nunca hubo delito por perseguir, en tanto que la acusación de la Fiscalía General de la República se basaba en una ley ya derogada, además de que entre las funciones del director de la PNC no se encuentra el llevar por apremio a funcionarios que no se presentan a una comisión especial.
Sobre esto último, es interesante cómo el caso se fue fabricando paso a paso. Para comenzar, alegando la transparencia del manejo de los fondos públicos, exigieron hasta el cansancio la presencia de ministros en la Asamblea Legislativa para que explicaran cómo se estaba administrando el dinero durante la pandemia. Ni siquiera esperaron que hubiera terminado la emergencia, sino que en medio de esta demandaron que el ministro de Salud abandonara el combate al coronavirus y perdiera horas ante los diputados, que no se cansaban de repetir su libreto una y otra vez. Lo mismo pasó con el ministro de Hacienda y con tantos más.
Sin embargo, se ensañaron con Hacienda, dado que la estrategia de obstruccionismo pasaba por bloquear la administración de los fondos. Los ataques se enfocaron en Alejandro Zelaya, al punto de demandar su presencia el mismo día que debía presentar el proyecto del presupuesto general de la nación. Se dieron por no enterados de lo que pasaba en el Palacio Legislativo y requirieron llevar al ministro por «apremio».
Zelaya no solo llegó a la Asamblea ese día, sino que también llegó todas las veces que ha sido necesario obtener recursos para enfrentar una enfermedad que ya lleva más de millón y medio de muertos en el mundo y más de 68 millones de infectados.
Aunque no había caso, montaron la comisión de antejuicio y se disfrazó la campaña electoral de andamiaje legal. Arriaza Chicas renunció como viceministro de Seguridad «ad honorem» para enfrentar la acusación que presentó un fiscal general que ha sido demandado —en tres ocasiones— de parcialidad, por provenir del entorno político de ARENA (en cuyos actos electorales se lo ha visto). Los abogados del director de la PNC confían en que en los tribunales no habrá manipulación de las leyes para el beneficio electoral de unos partidos políticos que ya perdieron todo el respaldo popular, según la última encuesta de la UCA.
No será extraño que dentro de poco la alianza que controla la Asamblea Legislativa presente nuevas iniciativas en contra de miembros del gabinete, con el único propósito de intentar golpear políticamente de cara a las elecciones. Parece ignorar que el pueblo ya ha decidido.