La audiencia preliminar contra el ex diputado Roberto Carlos Silva Pereira programada para instalarse esta mañana fue pospuesta para el próximo 2 de febrero 2021, debido que el anterior abogado defensor renunció al caso.
El exdiputado es acusado de cohecho activo (dar sobornos) y casos especiales de lavado de dinero y de activos.
«La audiencia programada para este día fue frustrada y ha sido reprogramada para el día 2 de febrero en virtud que la defensa particular de ellos había renunciado y este día se ha mostrado parte a los nuevos defensores, ellos pidieron un plazo para poder tener acceso al expediente que consta de 53 piezas», informó la fiscal del caso.
Agregó que el caso se inició entre el año 2003-2006, cuando el exdiputado Silva Pereira realizó negociaciones con diferentes alcaldes de Berlín, en Usulután y otro zonas del Oriente del país, donde a través de unas sociedad de construcción propiedades del exfuncionario realizaba trabajos para diferentes alcaldías, sin que las autoridades municipales realizarán el procedimiento adecuado y requerido por la ley de la LACAP, además a través de las sociedades, Silva Pereira realizaba lavado de dinero y activos.
Fiscalía lo acusa de haber lavado $14 millones.
«El señor Silva realizó gestiones a través del banco Hipotecario, donde realizó diferentes actividades ilícitas y hubo mucho dinero que entró al sistema financiero, hablamos de un aproximado de $10 millones», explicó la fiscal.
Por su parte, el abogado Nelson García, uno de los nuevos defensores del caso explicó que pidieron la prórroga de la audiencia debido a que fueron notificados del nombramiento hasta la noche del lunes y por ello necesitan conocer y analizar las 53 piezas que componen el caso.
«Nosotros venimos a ver un juicio que está marchito desde el punto de vista procesal porque ha pasado demasiado tiempo y dependiendo de las penas que valoremos hay una prescripción innata en todo lo que se le acusa, porque el hombre ha estado 13 años fuera de circulación, en una cárcel de Arizona, EE. UU., según el nos cuenta», detalló el abogado defensor.
Respecto al proceso judicial del caso, García adelantó, «Ha transcurrido el tiempo y hay un término jurídico que se llama prescripción que es la forma de dar por terminado un proceso y dar libertad al imputado».
El caso
El exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, de 45 años guarda prisión en el penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca desde el pasado 8 de enero de este año cuando fue detenido por la Interpol en el Aeropuerto Oscar Arnulfo Romero luego de ser deportado de Estados Unidos.
Silva Pereira en esa ocasión fue remitido a la Cámara Primera de lo Penal con base a la declaratoria de rebeldía y una orden de captura emitida por los magistrados el 25 de enero del 2007, la Cámara se declaró incompetente de continuar conociendo el caso del exdiputado suplente por el departamento de La Unión, por haber concluido el periodo para el cual fue electo (2006-2009) y remitió las diligencias para el Juzgado Segundo de Instrucción, de San Salvador.
Según el dictamen fiscal, los hechos atribuidos al exlegislador supuestamente ocurrieron durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado, supuestamente un reporte de operaciones sospechosas fueron detectadas en varias cuentas de sociedades fachadas CED, S.A y Provecom, y que según las investigaciones fiscales son producto de actividades delictivas que realizó Silva Pereira cuando supuestamente sobornó a alcaldes de varias municipalidades del oriente del país.
El exdiputado ofrecía y entregaba dádivas a fin de que los alcaldes le adjudicaran la ejecución de obras públicas de manera ilegal ya que en ningún momento las empresas de las cuales él era el apoderado o administrador único recibían invitación ni participaba en las licitaciones públicas conforme a la Ley LACAP.
De acuerdo a la Fiscalía los fondos de origen ilícito que disponía Silva Pereira fueron colocados en el sistema financiero para luego comprar bienes inmuebles, vehículos de lujos, un yate, y otros gastos que hizo junto a su esposa.