El caso «Saqueo Público» acumuló un mes de vista pública en días hábiles y en ese período la Fiscalía General de la República asegura que se encamina a lograr una condena por los delitos de peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos y simulación de delito.
El ministerio público destaca que ha presentado al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador abundante prueba que incrimina a 10 imputados entre ellos exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes y exempleados de Casa Presidencial, en la trama criminal que propició la apropiación de $351,035,400.49.
La Fiscalía dice que ha documentado con testimonios y peritajes que, durante la gestión presidencial de Mauricio Funes, entre el 2009 al 2014, se creó una red que planificó los mecanismos con apariencia de legalidad con el fin de desviar fondos públicos para uso personal y familiar.
«Los procesados utilizaron este dinero para compras y remodelación de propiedades, compra de vehículos, viajes de funcionarios y sobornos, entre otros», dijo una de las fiscales.
Cuando se indaga los ingresos que cada uno de los imputados percibió en la función pública se detectó que eran muy inferiores y limitados como para tener la capacidad de adquirir bienes e inmuebles y hacer transitar en cuentas bancarias millonarios cantidades de dinero.
«Consta en el proceso que los involucrados adquirieron bienes con valores muy superiores a sus capacidades económicas declaradas» señala la representación fiscal.
Cuando se habla de prueba testimonial de cargo, hay dos testigos que han sido claves durante el juicio. Francisco Cáceres, exsecretario privado de Mauricio Funes y otro testigo clave muy cercano al círculo del expresidente.
Ambos llegaron a contarle al tribunal la repartición de dinero que hubo entre los amigos, familiares y otros actores políticos y de interés para la gobernanza, la idea según los testigos era que todos estuvieran en consonancia con el exmandatario, que hablaran bien de su gestión y le levantaran su imagen como el primer gobernante bajo la bandera del FMLN.
Cuando se aborda los mecanismos con apariencia de legalidad utilizados para apropiarse de dinero, la Fiscalía durante el juicio habla los refuerzos presupuestarios y de un reglamento interno en la Presidencia para manejar a discreción y sin contraloría los gastos reservados.