Eran las 2 de la tarde cuando el abogado de derechos humanos Carlos Martínez Roca se sumó a la manifestación del sábado 21 de noviembre en la Plaza de la Constitución, donde una ola de guatemaltecos ejercía su derecho con banderas y carteles, tratando de hacer eco bajo una misma voz sobre lo «hartos» que están de un sistema deficiente.
Con un descontento social arraigado desde que los guatemaltecos expulsaron al expresidente Otto Pérez Molina, quien renunció en 2015 acusado de corrupción, la «gota que derramó el vaso» con el presidente Alejandro Giammattei este año fue la propuesta de un presupuesto para 2021 que asciende a los $12,800 millones, el más alto en la historia del país, y que excluye recursos para la Procuraduría de los Derechos Humanos, educación, salud y el combate a la desnutrición.
Sí, ese fue el estallido que no esperaban los guatemaltecos y que los condujo a protestar de forma pacífica. «En 2015 hicimos renunciar a un presidente. [Alejandro Giammattei] lleva apenas 10 meses y mire todo lo que está pasando», describió con cansancio social el abogado.
Niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y familias se unieron una vez más contra la injusticia política, social y económica a la que han sido sometidos desde hace años, según Roca.
La sede del Congreso ardió en llamas pasadas las 2:30 de la tarde. Cuatro horas después, policías antimotines lanzaron en el centro de la plaza gases lacrimógenos. Esto provocó que la población se comenzara a dispersar por temor. El lunes, el Hospital Roosevelt confirmó que al menos dos personas perdieron un ojo por las bombas de gas.
«En unas notas de prensa se muestran varias fotografías antes de que se incendiara el Congreso y se observa que las fuerzas antimotines estaban dentro de la institución; da la idea de que ya estaban listos».
manifestó el abogado Carlos Martínez a «Diario El Salvador».
Agregó que «había extinguidores y barriles de agua. Hay una hipótesis, y es que en la manifestación había infiltrados del Gobierno, cuyo objetivo era crear caos, perpetrar actos de violencia y así deslegitimar, y justificar las detenciones».
Con la convicción de incidir en un cambio, el abogado, de 26 años, se sorprendió al conocer esa noche, en medios de comunicación, la detención «arbitraria» de 32 personas, que eran acusadas por el ministerio público bajo los delitos de atentado, manifestaciones ilegales, daño al patrimonio y escándalo en la vía pública, lo que les podría haber dejado tras las rejas al menos 10 años.
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En lugar de desmotivarse, la noticia lo impulsó a reunirse con otros seis colegas del bufete de derechos humanos en el que trabaja para ofrecer sus servicios de forma gratuita a los detenidos en la torre de Tribunales. A las 9 de la noche del sábado ingresaron a la institución pública y ya había colegas voluntarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eran al menos 10 defensores quienes se comunicaron con los detenidos, golpeados y amenazados a muerte por policías, de acuerdo con Roca. Llevaron comida, agua y los ayudaron a contactarse con sus parientes para informales sobre la situación en «celdas deplorables donde el hecho de pasar horas encerrados ya es suficiente castigo», comentó Roca.
La acción fue fotografiada por personas en redes sociales y eso provocó que otras organizaciones y decenas de abogados se unieran para respaldar a los universitarios, periodistas y personas de ese mismo perfil. No eran los «bochincheros o pandilleros» que señalaban las autoridades para desprestigiar la manifestación, señaló Roca.
Luego de 48 horas, el fallo por falta de mérito de los juzgadores de Paz y de Turno dio la razón a la postura del abogado, que se enfrentó a las autoridades de Gobierno bajo varias ilegalidades en defensa de tres manifestantes.
«Los jueces fueron contundentes e incluso reprendieron [a los fiscales del] ministerio público: “No vamos a consentir las falencias. Nos están presentando casos sin ningún fundamento, no coincidían las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la ley establece para poder procesar a alguien”», sostuvo.
El Congreso, por su parte, archivó los decretos referentes al presupuesto, en medio de disputas internas entre diputados del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
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La indignación de la población se mantiene, pues para este sábado ya convocaron nuevamente. La historia se podría repetir una vez más en una semana. Las autoridades no han reconocido el «abuso de la fuerza pública» que reclaman Roca y otros guatemaltecos.
El estallido social no parará en Guatemala
- El otro lado de la historia en la plaza cívica
El abogado Carlos Martínez Roca insistió en que la manifestación fue una marcha pacífica con ciudadanos «normales». No vio a ningún encapuchado, como lo señalan en algunos medios internacionales, ni tampoco hubo gritos de represión. Roca mencionó que el detonante para que algunas personas se marcharan de la plaza cívica fue el lanzamiento de bombas lacrimógenas. La indignación continúa y una nueva convocatoria para mañana podría cambiar el rumbo de Guatemala, ante el clamor de los ciudadanos que piden justicia.
- Los 32 manifestantes liberados
Sin justificación. Los ciudadanos fueron liberados el martes por no encontrar delitos contra ellos. El guatemalteco Roca contó que uno de los ciudadanos fue detenido dos horas después del incidente en el Congreso, «ni siquiera podría haber sido en flagrancia». Además, extendió que el ministerio público se empeñó en declarar en la audiencia que el supuesto agresor del policía vestía una camisa blanca, cuando su patrocinado vestía de negro. El ministerio público argumentó que se la pudo cambiar en el Congreso. «Son imputaciones sin fundamentos», aseguró.
- Diputados casi se enfrentan a golpes
Una disputa surgió entre los diputados Mario Taracena y Édgar Reyes Lee cuando discutían la anulación del presupuesto para 2021. De acuerdo con el periódico «Prensa Libre» de Guatemala, el enfrentamiento surgió entre los dos parlamentarios del partido político de la Unidad Nacional de Esperanza (UNE). «Ante la situación de caos social y miedo que tiene algunos de la junta directiva del Congreso y el mismo presidente, se han hecho para atrás, y se ha convocado a sectores, tanques de pensamiento y academia para la discusión», explicó Roca.
- Posible destitución de funcionarios
Como respuesta a estos abusos de poder, el abogado consideró que habrá destituciones de funcionarios, como en el caso del ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), José Tzubán, quienes serán interpelados, según anunciaron varios diputados, debido al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Roca dijo estar de acuerdo con el llamado del vicepresidente Guillermo Castillo de renunciar junto con el presidente Alejandro Giammattei, como lo hizo Otto Pérez Molina en 2015.
