Con un segundo ascenso consecutivo después del estado de prevención, el Ministerio de Salud de Guatemala actualizó durante el fin de semana el sistema de alertas por zonas epidemiológicas de la COVID-19 e informó que 152 municipios de los 340 que tiene el país se encuentran en alerta roja por la COVID-19. Esto representa más del 44 % del territorio nacional. Hace dos semanas, los municipios con esta alerta eran 138.
El tablero, que se renueva cada 14 días, mostró también un aumento en la alerta amarilla, que pasó de 54 a 75 municipios. Esta nueva actualización disminuyó los municipios naranjas de 148 a 113.
En al menos tres días de la semana pasada, los contagios diarios por coronavirus no bajaron de los 1,000 casos. El Ministerio de Salud reportó 1,416 contagios el 11 de mayo; 1,105 el 12 de mayo; 1,383 el 13 de mayo; y 947 casos positivos el 14 de mayo.
Hasta ayer, Salud registró 241,528 casos acumulados y 7,893 muertes por la pandemia.
Los municipios de 20 departamentos, de los 22 en total, se encuentran en rojo, según los datos hasta el 14 de mayo y son Guatemala, El Progreso, Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Santa Rosa, Sololá, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa.
«Tuvimos un pico de casos en abril, hoy tenemos menos; sin embargo, estamos preocupados siempre de lo que se pueda venir», aseveró la ministra de Salud, Amelia Flores, durante una conferencia de prensa el viernes pasado.
En cuanto a la campaña de vacunación, el ministerio publicó ayer que 277,380 personas fueron inmunizadas con la primera dosis, mientras que 2,522 completaron la segunda. Se suman 279,902 personas en total. «Hacemos énfasis en que las personas que se hagan las pruebas que sea por una indicación importante. Ya sea por síntomas, que hayan estado con alguien cercano con la COVID-19 o que tengan sospechas, pero no porque hayan recibido un trabajo y necesiten una prueba. Eso nos origina mucho gasto innecesario y les quitamos la oportunidad a las personas», llamó la ministra.
La titular confirmó el viernes el primer caso de la cepa británica en Guatemala y señaló que esta es de mayor transmisibilidad que las detectadas anteriormente, por lo que podría estar ligada al alza de contagios y la mortalidad, sostuvo.
La detección de la cepa fue reportada el 12 de mayo en un hombre que viajó a Estados Unidos a finales de marzo. El Hospital Monte Sinaí de Nueva York, en Estados Unidos, notificó que el ciudadano dio positivo.
La directora de epidemiología del Ministerio de Salud, Lorena Gobern, aclaró que el paciente mantiene síntomas leves y se encuentra estable.
Sin embargo, esta mutación del Reino Unido, identificada como B.1.1.7, es 50 % más transmisible y agrava la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La cepa se clasifica en la variante de preocupación (VOC, por su sigla en inglés) por sus características.
En abril, Guatemala reportó ocho casos de la cepa californiana, 20 % más transmisible, y la cual es una variante de interés.
«Todas las medidas de vigilancia epidemiológicas y sanitarias deben continuar prevaleciendo en nuestra población. Las variantes VOC son identificadas por un aumento en la transmisión y la gravedad de los casos, originando problemas serios en la atención. Ya estábamos mermados con el historial que teníamos de la variante de interés», detalló Gobern.
Denuncias
Miembros de Acción Ciudadana interpusieron ayer tres denuncias contra la ministra de Salud por retener información pública relacionada con el listado de vacunación. Además, reclaman información sobre contratos o procesos de adquisición de compras de vacunas por medio del sistema COVAX y con Rusia.

Alerta máxima
Tres criterios son los que el Ministerio de Salud evalúa para clasificar el sistema:
1) Tasa de casos positivos por cada 100,000 habitantes de cada municipio. En total son 340 municipios en el país.
2) Tasa de pruebas diarias hechas por cada 1,000 habitantes.
3) Porcentaje de positividad del total de tamizados (pruebas hechas).
Con la alerta máxima, el transporte público puede circular con el 50 % de su capacidad.
El comercio está obligado a establecer horarios especiales para personas mayores de 60 años.