En elecciones libres y democráticas, los salvadoreños votaron por echar tierra al bipartidismo que existía desde los Acuerdos de Paz. Voto a voto, los ciudadanos decidieron que 30 años con ARENA y el FMLN habían sido suficientes para demostrar que realmente no tenían interés en el bienestar de la población, sino que trabajaban para los grupos de poder y sus financistas.
Fue una lucha desigual, con una Sala de lo Constitucional trabajando mano a mano con ARENA-FMLN de manera descarada, al punto de cancelar el partido Cambio Democrático (CD) a pocas semanas de los comicios y por algo que había pasado hacía varios años y que los mismos resultados electorales habían legitimado. De manera paralela, el Tribunal Supremo Electoral había bloqueado la inscripción de Nuevas Ideas como partido político, de modo que la única opción para que Nayib Bukele fuera presidente era por medio de un tercer partido, que resultó ser GANA.
A pesar de esta institucionalidad cooptada por ARENA-FMLN en contra, los ciudadanos escogieron en primera vuelta a Nayib Bukele como su presidente, lo que provocó, de paso, una catástrofe en el caudal electoral de los partidos tradicionales. Ese drenaje de votos fue aún mayor dos años después, en las recién pasadas elecciones legislativas y municipales, en las que, por primera vez en la historia política salvadoreña, un partido político obtuvo 56 curules de 84 posibles. Es una mayoría incuestionable, un poder de delegación de los ciudadanos otorgado a un solo partido político con un mandato claro: renovar el Estado, extirpar la corrupción y apoyar decididamente al Gobierno del presidente Bukele.
Con el fin de atender ese mandato, esta mayoría empezó su trabajo en la nueva Asamblea Legislativa sustituyendo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que se dedicaron a bloquear las acciones para frenar la expansión de la COVID-19 en el país. Estos prefirieron garantizar los ingresos económicos de sus financistas antes que velar por los derechos humanos de la población, y blindaron a sus patrones de las investigaciones por evasión fiscal llevadas a cabo por el Ministerio de Hacienda.
Cualquier medida posterior de la nueva Asamblea Legislativa iba a recibir el mismo bloqueo que tenían antes los planes del Ejecutivo, de modo que lo lógico era erradicar la corrupción que frenaba la implementación de los planes de beneficio social. Solo quienes se beneficiaban del estado anterior de las cosas se lamentan ahora de que tengamos una nueva Sala de lo Constitucional, cuya primera acción fue exigir a los diputados una ley que regule el voto de los salvadoreños en el exterior, un derecho largamente negado por ARENA y el FMLN.
