Durante una audiencia virtual realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denominada «El Salvador: Detenciones arbitrarias y situación de las personas privadas de libertad», la representante de Amnistía Internacional, Belissa Guerrero, volvió a solicitar la derogación del régimen de excepción, defendiendo nuevamente los intereses de los pandilleros.
Guerrero pidió a la CIDH que exhorte al Gobierno salvadoreño para que derogue el decreto de Estado de Excepción y toda la normativa que supuestamente viola los derechos humanos de los criminales detenidos.
Desde marzo que se implementaron medidas rígidas contra pandilleros El Salvador ha logrado 124 dias sin homicidios y en varios municipios la actividad comercial se ha repotenciado ahora que los comerciantes no son extorsionados.
«Pedimos que exhorte al Estado salvadoreño para que derogue el estado de excepción y toda la normativa violatoria de derechos humanos aprobadas en este contexto», manifestó Guerrero.
La representante de Amnistía Internacional defendió a los mareros detenidos señalando que el encarcelarles es maltratar y torturar a los delincuentes, además pidió que el Gobierno permita a la Comisión Internacional de Derechos Humanos realizar un recorrido para verificar la situación de los pandilleros capturados.
En ningún momento este organismo ni otras oenegés «defensoras» de DD.HH. han abogado por las víctimas de los pandilleros.
«Solicitamos que el Estado salvadoreño brinde audiencia para que la CIDH visite el país a fin de verificar la situación de las personas privadas de libertad», insistió la representante de Amnistía Internacional.
Guerrero fue más allá e incluso solicitó que se respete los derechos de los pandilleros y pidió a la CIDH que exhorte al Estado para que cree una política pública de «reparación integral, incluyendo las medidas de no repetición para las víctimas de supuestas violaciones de derechos humanos».
Por su parte, Zaira Navas representante de Cristosal aseguró que como institución están en contra de la detención de los delincuentes como medida de seguridad para erradicar el mal que hacen las pandillas a la sociedad salvadoreña.
«El encarcelamiento provocan riñas, enfermedades y violaciones a los derechos», indicó Zaira Navas, representante de Cristosal. No obstante en más de tres años de este gobierno nunca hubo un amotinamiento en las cárceles como eran frecuentes en el gobierno del FMLN, del cual Navas era parte.
No es la primera vez que Amnistía Internacional pide derogar el régimen de excepción y aboga por los derechos humanos de los pandilleros, en junio Erika Guevara Rosas, directora de la institución señaló que las autoridades salvadoreñas habían cometido violaciones masivas de derechos humanos, al capturar a miles de delincuentes.
«Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos», manifestó en esa oportunidad Guevara Rosas.
La representante de Amnistía además criticó la funcionalidad del trabajo conjunto del sistema ejecutivo, legislativo y judicial del país para combatir a las pandillas.
«Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos», aseguró Guevara Rosas.
