Luego de dos años de haber sido implementado el régimen de excepción, El Salvador ha mostrado evidentes cambios en el clima de seguridad y en otras áreas del desarrollo social; sin embargo, la oposición política aún cuestiona si es necesario que se mantenga vigente la medida constitucional.
Ante esta situación, el politólogo Óscar Peñate consideró que el estado de excepción debe mantenerse vigente porque ha transformado el sistema jurídico que anteriormente blindaba a los delincuentes y castigaba al pueblo honrado.
«En gobiernos anteriores, los pandilleros tenían más garantías que las personas honradas. Los criminales cometían decenas de delitos y sabían que rápido saldrían libres, y eso se convertía en un castigo para las víctimas», detalló Peñate.
El estado de excepción se implementó en marzo de 2022 —a petición del presidente de la república, Nayib Bukele— para contrarrestar un sangriento fin de semana en el que las pandillas provocaron 87 homicidios.
La medida legal fue aprobada en la Asamblea Legislativa con los votos de Nuevas Ideas y los partidos aliados. ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo no dieron sus votos para aprobarlo y tampoco han respaldado su continuidad.
Desde entonces, la medida legal ha permitido la captura de más de 76,000 pandilleros, pero aún hay remanentes de esas estructuras que están escondidos para no enfrentar la justicia, dice el Gabinete de Seguridad.
En virtud de los buenos resultados en seguridad pública, Peñate consideró que «se debe eliminar el régimen de excepción hasta cuando el último terrorista se encuentre en donde debe estar: en la cárcel».
Además, recordó que en las elecciones del 4 de febrero pasado el pueblo votó por Nuevas Ideas y le dio 54 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa «para tomar decisiones con mayoría absoluta; entonces, tienen ese mandato del soberano», trabajar en favor de la paz y la tranquilidad de los salvadoreños.
Las acciones de combate contra las pandillas del estado de excepción se sumaron a las medidas del Plan Control Territorial (PCT), que fue impulsado por el presidente Nayib Bukele en junio de 2019.
Como parte de las medidas del PCT, el 24 de marzo pasado las autoridades de Seguridad informaron sobre la captura de dos pandilleros acusados de asesinar a dos personas en el departamento de Chalatenango.
En respuesta, el presidente de la república ordenó la instalación de un cerco de seguridad en Potonico, San Antonio Los Ranchos, San José Cancasque y San Isidro Labrador, que son parte de los distritos que conforman el municipio de Chalatenango Sur.
De acuerdo con Peñate, ese cerco «se trata de una medida acertada porque el objetivo de hacer una búsqueda casa por casa es verificar si hay usurpación de viviendas por parte de estos terroristas y llevar paz y tranquilidad a las familias» de la zona.
De esa misma opinión es el criminólogo Ricardo Sosa, quien aseveró que «es una respuesta contundente y categórica para bloquear cualquier intento por reactivarse de las pandillas y continuar golpeando y masacrando a la población».
Sosa destacó que, «si se le permite a ese pequeño grupo [de pandilleros] quedar en libertad, tiene la posibilidad de adaptarse, reagruparse y reiniciar la operatividad criminal»; por lo tanto, las acciones de seguridad deben continuar.