Este mes se cumplen dos años de la implementación del régimen de excepción, cuya aprobación fue solicitada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para frenar el repunte de homicidios que las pandillas provocaron el 25 y 26 de marzo de 2022 y para erradicar de una vez por todas el fenómeno de las maras, que nació, creció y se fortaleció con los seis gobiernos de ARENA y del FMLN.
«Al cumplirse dos años del régimen de excepción existe evidencia de que ha sido el complemento adecuado y oportuno que necesitaba la estrategia denominada Plan Control Territorial. Complementó los esfuerzos y por medio de las fases de Incursión y Extracción permitió la captura de palabreros, cabecillas, sicarios, verdaderos criminales que ahora están en detención, en proceso judicial para enfrentar la justicia, por lo que se desmontó la organización criminal de las pandillas, su estructura de mando, dominio y control a escala nacional», consideró el criminólogo Ricardo Sosa.
La medida constitucional tiene su base legal en el artículo 29 de la Constitución de la República y fue aprobada por el congreso la noche del 27 de marzo de 2022 con los votos de los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC, mientras que la oposición (ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo) se abstuvo, no votó o incluso sus diputados no llegaron a la sesión plenaria para aprobar la disposición.
Desde marzo de 2022, el estado de excepción ha sido prorrogado 24 ocasiones; la última vez fue el 8 de marzo pasado. El común denominador es que la bancada cian y los partidos aliados han acompañado con sus votos todas las prórrogas y también las reformas de diversos cuerpos de ley —como del Código Penal—para aumentar hasta en 50 años las penas carcelarias contra los cabecillas de pandillas, mientras que la oposición política sigue votando en contra o se abstiene.
Durante la pasada campaña electoral, los candidatos presidenciales del bloque opositor se mostraron en contra de la permanencia de la medida y prometieron eliminarla en caso de ganar los comicios, a pesar de que tiene amplio el respaldo popular según encuestas.
Aunque el régimen de excepción ha sido atacado, su vigencia —dice Sosa— ha permitido la recuperación de la paz y la seguridad en las comunidades gracias a la drástica reducción de los homicidios.
«En este esfuerzo del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, la población ha recuperado la esperanza de desarrollarse y vivir una vida plena en El Salvador, disfrutan de la noche, de los espacios públicos, de hacer turismo interno o simplemente caminar y visitar a sus familias o amigos en la comunidad vecina, sin fronteras invisibles», remarcó el criminólogo.
Desde el punto de vista del sociólogo René Martínez, el estado de excepción ha permitido que El Salvador esté posicionado como el país más seguro del hemisferio occidental.
Recientemente, la revista de viajes «National Geographic» publicó que nuestro país es seguro para hacer turismo gracias al éxito del plan de seguridad del presidente Nayib Bukele, que ha logrado la captura de más de 76,000 pandilleros.
«A dos años del régimen de excepción, que es lo que le dio operatividad al Plan Control Territorial, el resultado es definitivamente positivo, pues se ha logrado, casi de la noche a la mañana, pasar de ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro del continente, y se ha pasado de tener tres dígitos en la tasa de homicidios a tener solo un dígito», valoró Martínez.
Para el politólogo Óscar Peñate, en los dos años de vigencia del régimen especial se ha logrado «conquistar la paz, la seguridad pública, la confianza y la libertad, que habían sido arrebatadas por las organizaciones terroristas».
Consideró que los retos y desafíos del Gobierno Central en torno al régimen es seguir aplicando cero tolerancias contra las pandillas.
«El régimen de excepción se justifica mientras todavía existan remantes de terroristas en El Salvador. Se va a justificar la no prórroga del régimen de excepción hasta cuando el último pandillero esté en prisión», reaccionó el politólogo ante los argumentos de quienes piden la suspensión de la medida constitucional.