La fase VI del Plan Control Territorial (PCT) y la creación de la Dirección Nacional de Integración son un paso hacia la prevención y la reinserción de los jóvenes que fueron abandonados y excluidos de las políticas públicas de los gobiernos anteriores, consideran los analistas y docentes universitarios Mauricio Rodríguez y David Hernández.
La fase VI, de las siete que conforman el PCT, fue anunciada por el presidente de la república, Nayib Bukele, el 15 de septiembre pasado, en el acto de celebración por los 202 años de independencia patria.
«El lanzamiento de la fase VI del Plan Control Territorial —conocida como Integración— y la creación de la Dirección Nacional de Integración son un salto cualitativo, pues prácticamente se han superado las primeras fases de carácter punitivo, que fueron necesarias para desarticular las principales pandillas existentes en el país mediante la captura y el confinamiento, hasta la fecha, de más de 70,000 pandilleros», contextualizó Hernández, máster en Ciencias Políticas por las universidades de Hannover y Berlín, Alemania.
Para Rodríguez, el trabajo que hará la Dirección Nacional de Integración será clave porque reinsertará a los jóvenes en la vida productiva del país. «Ahora que están controlados los territorios en un buen porcentaje, en que las pandillas son parte de la historia amarga de este país, el Plan Control Territorial viene con la reinserción y sobre todo el tema de la prevención [del delito]», afirmó Rodríguez.
Formalmente, el PCT nació el 20 de junio de 2019, cuando el presidente Bukele anunció la implementación de la fase I, conocida como Preparación, que permitió a las autoridades de Seguridad Pública recobrar el control de los territorios que en ese momento estaban en poder de las pandillas. Estos grupos delincuenciales crecieron y se desarrollaron en la posguerra, durante los gobiernos de los partidos ARENA y FMLN, que juntos estuvieron al frente del Ejecutivo de 1989 a 2019.
ARENA, que gobernó los primeros 20 años de ese período, impulsó los planes punitivos Mano Dura y Super Mano Dura, con los presidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca, respectivamente; sin embargo, el fenómeno de las pandillas continuó.
En 2009, el primer gobierno del partido izquierdista FMLN —con Mauricio Funes como presidente de la república— tuvo acercamientos con los pandilleros, proceso que se conoció como la tregua. En su discurso en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013, Funes reconoció la participación gubernamental en los acercamientos con las pandillas.
Hernández recuerda que en ese período «era común el asesinato, el descuartizamiento, la extorsión, las violaciones, la esclavitud sexual, el estado de miedo al que estos terroristas sometieron a la población. Esa etapa oscura de nuestra historia, de las últimas tres décadas gobernadas por los cómplices de las pandillas, el FMLN y ARENA, ha terminado».
A pesar de haber facilitado la tregua, la primera gestión presidencial del FMLN (que inició el 1.º de junio de 2009 y concluyó el 1.º de junio de 2014) cerró con 72,814 homicidios a escala nacional, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC).
La alta cifra de homicidios de ese quinquenio contrasta con la drástica reducción de ese tipo de hechos en el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como fruto de la implementación del PCT, que fue boicoteado por los partidos tradicionales en la legislatura 2018-2021 al negarle el financiamiento a las fases I y II, conocidas como Preparación y Oportunidades, respectivamente.
Fue la legislatura 2021-2024 (con 56 diputados de la bancada de Nuevas Ideas de un total de 84) la que desentrampó la aprobación y ratificación de dos préstamos por casi $200 millones para el financiamiento de las fases II y III.
En el caso de la fase VI, su financiamiento provendrá del presupuesto de $60 millones que tiene el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), institución que no desaparecerá, sino que formará parte de la Dirección Nacional de Integración.
Específicamente, los $60 millones serán distribuidos así: $12 millones para renovar el Insaforp, $30 millones para la fase VI y la Dirección Nacional de Integración, y $18 millones para fortalecer la digitalización del sistema educativo y reducir la brecha digital, según anunció el presidente de la república el 15 de septiembre pasado.
Para el analista y experto en temas de seguridad pública Ricardo Sosa, «la apuesta por la integración es una oportunidad para que todo el Estado se sume y brinde su aporte».
A cargo de la dirección estará, según el anuncio del presidente, el argentino Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever, quien desde hace más de 20 años impulsa en El Salvador la construcción de la cultura de la integración con los jóvenes mediante diversas iniciativas, incluyendo Fútbol Forever.
