Hace unos días, todos nos dimos cuenta de una «entrevista» en la que el invitado fue Apolonio Tobar, en su calidad de procurador de los derechos humanos de El Salvador, y sería entrevistado por el «periodista» Luis Fernando López del Rincón, presentador de televisión y locutor de radio, mexicano, conocido entre la comunidad latina por haber laborado para Univisión y, desde 2010, para CNN; y además, según reportes internacionales, golpeador de mujeres.
¿Por qué es importante dedicar estas líneas a ese particular fenómeno? Refiriéndome a la «entrevista», la cual se convirtió en tendencia en las redes sociales, con opiniones en favor y en contra, lo destacable es que dejó ver dos personalidades antagónicas. Por un lado, un «periodista» agresivo y abusivo, de los que no dejan hablar, y por el otro, un «procurador» que dejó claro que no tiene el talante para el cargo, al no discernir las verdaderas intenciones de los representantes de un periodismo financiado por mercenarios que, desde el exterior, mantienen una agenda contra nuestro país. Ese tipo de periodismo hay que analizarlo con mucho cuidado, pues se dice y se conoce que forma parte del periodismo comprometido con sus patrones, es decir, con quienes pagan por ser representados mediante su imagen y sus voces a las pretensiones injerencistas y desestabilizadoras a gobiernos electos democráticamente.
A los salvadoreños no nos interesa saber quiénes son Fernando del Rincón u otros «periodistas» de medios internacionales, quienes les hacen el juego a personajes que mueven los hilos del poder atrás del trono, entre los que se destacan hasta congresistas y senadores norteamericanos, muchos de ellos con raíces latinas, pero con una intención injerencista, especialmente en nuestro país. Se incluye además a instituciones como Human Rights Watch y otras, que manifiestan ser «defensoras de los derechos humanos y proporcionar ayuda humanitaria», y qué bueno, pues es una loable decisión ayudar a las personas cuyos derechos como seres humanos han sido violentados. Lamentablemente, en nuestro país, nunca las vimos pronunciarse ante la flagrante violación de derechos humanos que impulsaron agrupaciones al margen de la ley. Solo es de hacer un ejercicio retrospectivo para darnos cuenta, en la etapa más reciente, cuántas masacres se contabilizan, cuántas familias mutiladas, cuántos hijos en el abandono. ¿Acaso eso no es violatorio de los derechos humanos? Pero no encuentro ningún pronunciamiento de Human Rights Watch, pese a que fue fundada en 1978, mucho antes de que viviéramos el conflicto armado y mucho antes de que proliferara el fenómeno de las pandillas.
Pero ahora sí se pronuncia como paladín de la justicia y de la defensa de los derechos humanos, para el caso, los derechos de integrantes de pandillas detenidos y procesados en el país mediante el Plan Control Territorial y ahora con una medida adicional: el régimen de excepción. Es por eso que esas organizaciones pierden credibilidad, al ser apoyadas por financistas internacionales y acompañadas por «periodistas» como el ya citado y otros, incluso por periodistas criollos que son parte del andamiaje que pretende desestabilizar no a un presidente y su gobierno, sino las aspiraciones de todo un pueblo que mayoritariamente le da un triunfo electoral a un nuevo proyecto político, que, al parecer, llegó para quedarse, dadas sus acertadas políticas en beneficio de la gente, la cual agradece ese apoyo.
La realidad económica, política, social y cultural ha cambiado radicalmente, impulsada por los cambios de un gobierno diferente y capaz de romper paradigmas, de volver realidad lo que en el pasado solo fueron promesas fallidas de gobiernos que no mostraron el respeto, la actitud y la valentía para confrontar los graves problemas del país; entre estos, la inseguridad. Es cuando se observan los movimientos reaccionarios de los mercenarios que pretenden buscar mecanismos de desestabilización, y encontraron una hebra débil, el actual procurador de los derechos humanos, cuyo cargo ha sido señalado de inconstitucional. No obstante, a este se le ha visto últimamente tratando de ganar puntos, entregando reconocimientos a funcionarios de Gobierno. Ahí es que la Asamblea Legislativa debe poner cartas en el asunto para elegir, por medio de un baremo bien estructurado y acorde con las necesidades del país, a un funcionario al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con altos niveles de capacidad e idoneidad, congruente con la verdadera defensa de los derechos humanos y con la contundencia para representar a la mayoría de la población, que por décadas ha sido víctima de abusos en sus derechos fundamentales.
La «entrevista» a la que se hizo referencia deja claro el camino a la Asamblea Legislativa para hacer la mejor elección al cargo de procurador de los derechos humanos.
Como pueblo, como sociedad civil, estaremos pendientes y esperamos una elección acorde con el momento histórico de nuestro país.
