La denuncia ciudadana y la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) permitió que miles de salvadoreños que fueron estafados en la compra de terrenos ofrecidos por la lotificadora Jumbo Ingeniería recibieron las escrituras de su propiedad tras varios años de litigio.
Este caso se remonta a hechos que sucedieron entre los años 1999 y 2004 cuando el ciudadano francés André Leopold Deprez Damman y su hijo, Pascal Emile Deprez, se hicieron de grandes extensiones de terrenos para supuestamente lotificarlos y luego venderlos. Sin embargo, ni los dueños de las propiedades recibieron dividendos ni los compradores de los lotes obtuvieron las escrituras.
Esto dio paso a que las víctimas interpusieran denuncias ante la Fiscalía para que se resolviera a favor de las familias afectadas. Debido a la complejidad del caso, tuvieron que pasar varios años hasta que el equipo de fiscales logró que un tribunal condenara a 13 años de cárcel a los franceses por los delitos de administración fraudulenta y estafa agravada. Otros integrantes de esta familia fueron procesados por asociaciones ilícitas, lavado de dinero, administración fraudulenta y estafa agravada.
Fuentes fiscales detallaron, durante este proceso, que tres departamentos de la zona occidental del país (Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate) representaban el 40 % de las estafadas con la venta de terrenos, lo que se traduciría en más de 2,300 víctimas.
La investigación reveló que los terrenos ofrecidos por Jumbo no cumplían los requisitos de ley para su segregación, por ejemplo, que estaban cercanos o sobre mantos acuíferos, la topografía no era apropiada para lotificar por ser barrancosa o que las áreas tenían vocación agrícola. En tal sentido, no hubo autorización para urbanizar por parte del Ministerio de Medio Ambiente ni del entonces Viceministerio de Vivienda.
Al ser esclarecido este caso, la unidad fiscal encargada de investigar y brindar atención a las víctimas participó de la ceremonia de entrega de escrituras para cientos de familias de diferentes partes del país. Se estimas que unas 5,000 familias fueron afectadas por esa estructura delictiva conformada por esa familia de origen francés y abogados salvadoreños.
