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El presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, pedirá este lunes a la justicia que destituya a la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusa de orquestar un «golpe de Estado» para evitar que él asuma el poder en enero.
Arévalo convocó a sus simpatizantes a que lo acompañen este lunes hasta la sede de la Corte Suprema a presentar un recurso de amparo en el que pedirá formalmente la destitución de la cuestionada fiscal.
«Juntos, presentaremos un amparo y diremos contundentemente #FueraGolpistas. Trae tu bandera azul y blanco [de Guatemala] y defendamos el derecho a construir un mejor futuro», dijo Arévalo en su convocatoria divulgada en las redes sociales.
Horas antes de la presentación del pedido, miles de indígenas, estudiantes y otros activistas se manifestaron en varias ciudades del país para exigir la renuncia de Porras y de otros dos cuestionados fiscales y un juez.
En la capital, cientos de indígenas provenientes del departamento occidental de Totonicapán, portando silbatos y trompetas de plástico, recorrieron varias calles para exigir la salida de la fiscal general.
En su recurso, Arévalo también pedirá la salida del fiscal Rafael Curruchiche, quien dirige unas polémicas investigaciones contra el partido Semilla del mandatario electo.
También solicitará la remoción del juez Fredy Orellana, que ha ordenado allanamientos a las sedes de Semilla y del Tribunal Supremo Electoral, lo que ha enturbiado el ambiente político en el país.
Porras, Curruchiche y Orellana están incluidos en una lista elaborada por Estados Unidos de personajes «corruptos y antidemocráticos» centroamericanos.
Con su promesa de lucha frontal contra la corrupción, uno de los males del país, Arévalo obtuvo un amplio triunfo el balotaje del 20 de agosto, pero su ascenso al poder despierta temores entre poderosos sectores políticos y empresariales.
La semana pasada, Curruchiche dirigió un allanamiento, con decenas de policías, en un centro electoral donde los fiscales abrieron cajas que contenían votos de la primera vuelta electoral del 25 de junio.
Según el fiscal, el operativo nació de la denuncia de un ciudadano, pero la acción fue rechazada por varios sectores en Guatemala y por la comunidad internacional. Estados Unidos lo calificó como «un ataque al proceso democrático».
Por su lado, la Fiscalía rechazó la acusación de orquestar un «golpe de Estado», en un mensaje enviado a la AFP.
«Se rechaza categóricamente cualquier señalamiento que pretenda involucrar al Ministerio Público con el resultado del evento electoral», indicó la entidad.
