El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció días atrás el cierre de tres centros penales a escala nacional. Esto como parte de los «10 anuncios importantes» que reveló desde el 4 de abril pasado.
Los centros penales de Metapán, La Unión y Sonsonate serán clausurados y se convertirán en centros de estudio y de formación cultural. Estos cierres vienen a complementar y robustecer la fase del Plan Control Territorial denominada Oportunidades.
Los logros en seguridad por el actual gobierno del presidente Nayib Bukele son históricos e irrefutables. Todos los delitos tienen una tendencia a la baja y esto ha logrado disminuir el hacinamiento carcelario, lo que ha permitido el cierre de estos centros penitenciarios.
En 2018 nuestro país destacaba como el segundo país del mundo con mayor cantidad de población en las cárceles por cada 100,000 habitantes. También era el tercero con más hacinamiento en las prisiones, según la base de datos World Prison Brief del Instituto de Investigación de Política Criminal (ICPR), en Birkbeck, Universidad de Londres, Reino Unido.
Con datos de 2018, la fuente señala que El Salvador tenía 597 prisioneros por cada 100,000 habitantes. Le precedía Estados Unidos, con 655, y luego estaba Turkmenistán, con una tasa de 552 reos.
Sobre la saturación en los presidios, en El Salvador existía en ese momento un
333.3 % de hacinamiento, pero antes que él se ubicaban Filipinas, con 466.6 %, y Haití, con un 454.4 % de sobrepoblación carcelaria.
En el presente vemos una mejoría considerable y con ello se ha retomado el control de los centros penitenciarios de nuestro país, que en gobiernos pasados dominaban las diferentes estructuras criminales debido a las prerrogativas otorgadas por los gobiernos del FMLN.
Incluso estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacaron que la implementación de los planes Mano Dura, estrategia de gobiernos anteriores para reducir la violencia, fue un fracaso y contribuyó a fortalecer a las pandillas.
Durante la década 2000, Honduras, El Salvador y Guatemala adoptaron políticas de mano dura para revertir el avance de las maras. Estas políticas fueron dadas a conocer con distintos nombres: en Guatemala se llamó Plan Escoba; en Honduras, Libertad Azul, y en El Salvador, plan Mano Dura y después Super Mano Dura.
El Informe de Desarrollo Humano (IDH) «Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuesta para América Latina», presentado la semana pasada en el país, resaltó un incremento en el crimen organizado desde 2000 a raíz de una fuerte represión policial.
Asimismo, el encarcelamiento masivo de las maras facilitó la articulación de redes delictivas en el interior de los centros penales, y la formación de estructuras más jerárquicas y mejor organizadas.
En esta comparación con el actual Plan Control Territorial evidenciamos una mejor articulación y sistematización. Con una visión holística de una política criminal seria, el presidente Nayib Bukele, a través de sus funcionarios, ha creado e implementado un andamiaje que le brinda un tratamiento real a la delincuencia.
La persecución del delito, el control y la reinserción en los centros penales y la prevención social de la violencia con el proyecto de Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) son un engranaje vital para ir trascendiendo a un arquetipo de seguridad ciudadana.
Siendo la seguridad la piedra angular de los países, esta permitirá una dinamización económica y un desarrollo sin precedentes en nuestro país.
