Los 32 días sin homicidios en El Salvador y miles de vidas salvadas de morir a manos de estructuras criminales dan cuenta de que, en los 15 meses de gestión que lleva la administración del presidente Nayib Bukele, la tendencia de muertes violentas ha ido a la baja, como no sucedía desde el final de la guerra civil.
Tanto el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, como el criminólogo Ricardo Sosa atribuyen esa disminución al Plan Control Territorial (PCT), el cual fue puesto en marcha desde el 19 de junio de 2019.
De acuerdo con datos de la PNC, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019 se registraron 2,003 muertes violentas a nivel nacional, mientras que en 2020, a la misma fecha, han sido reportados 947 asesinatos, es decir, que ha habido 1,056 menos casos de homicidios. En cuanto a homicidios contra mujeres y feminicidios, las estadísticas también reflejan una disminución del 54.1 % en relación con 2019. Al 2 de septiembre se reportan 99 casos menos que el año pasado, cuando fueron asesinadas 189 féminas.
El titular de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, manifestó que con esta reducción histórica de homicidios han logrado salvar vidas y están llevando bienestar a la población salvadoreña.
«Los números siguen diciéndole a la historia que vamos por el camino correcto. El #PlanControlTerritorial no se basa en treguas ni negocios con criminales, como hicieron los gobiernos anteriores, sino en una lucha frontal contra los malos ciudadanos y a favor de las mayorías. Seguiremos trabajando con fe, con la frente en alto, con honestidad y con la ley como herramientas. Los salvadoreños se lo merecen. Y a ellos es que nos debemos», escribió Rivas en Twitter.
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El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró: «Seguimos enfocados en continuar la línea de reducir todos los delitos a nivel nacional mediante el #PlanControlTerritorial. La tendencia en la reducción de homicidios continúa, y hemos salvado más de 1,000 vidas a la fecha en comparación al año pasado»”.
32 días sin homicidios
Al respecto de la reducción de homicidios y de otros delitos atribuidos a las pandillas, el embajador de EE. UU., Ronald Johnson, destacó en agosto anterior que el trabajo en conjunto entre el Gobierno y las agencias de seguridad de su país están dejando un legado que perdura. «Hace años El Salvador se conocía como la capital mundial del asesinato. Ese ya no es el caso», afirmó.
El criminólogo Sosa asegura que el PCT ha dado buenos frutos y prueba de ello son los 32 días sin asesinatos; según él, es un fenómeno que no se había presentado en la magnitud que se observa en esta administración y agrega que se destaca porque son miles de salvadoreños que no han perdido la vida, de haberse mantenido la espiral delictiva con la que cerró el gobierno de Sánchez Cerén.
«Mi opinión ha sido categórica, contundente y no ha variado hasta la fecha; el Plan Control Territorial sí ha brindado resultados a la sociedad salvadoreña, a nuestra nación y es la apuesta del gobierno, del Ministerio de Justicia y que comanda la PNC la que ha logrado estos resultados», expresó Sosa.
El especialista también destacó la reducción de otros delitos de alto impacto en la sociedad salvadoreña, tal es el caso de la extorsión, que han bajado 49.7 %; las desapariciones que presentan el 45 % de reducción comparado con el año anterior, lo mismo que con el delito de violación, que muestra una baja de 33.2 %, y otros delitos como hurtos y robos.
«Hay que tomarle el pulso de la violencia de manera integral y no solo en el número de homicidios. El verdadero control territorial ha iniciado desde los centros penales, el orden, control y disciplina que se ha impuesto a través del Plan y es uno de los aspectos que nadie menciona. Desde la historia de fundación del sistema penitenciario en el siglo pasado, estos estuvieron divididos y coordinados por las estructuras del crimen organizado y el control de estos centros penales tenía que pasar por el visto bueno y la autorización de las estructuras», aseguró Sosa.
Los datos de la PNC detallan que entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de 2020 han capturado a 960 acusados de homicidios; de estos, 382 son pandilleros de la Mara Salvatrucha; 139, de la 18 Sureños; 65 son de la 18 Revolucionarios; tres son de la Mao Mao; seis de la Máquina; dos son MS 503; 190 no están perfilados como pandilleros y de 173 se desconoce la pertenencia a grupos delincuenciales.
Sin evidencia del presunto pacto gobierno y pandillas
Ante la publicación de un periódico digital en la que supuestamente revelan un presunto pacto de las autoridades con las pandillas para bajar la criminalidad, el especialista asegura que hasta la fecha no ha encontrado elementos o evidencias que le hagan pensar que el descenso de las muertes violentas se deba a una presunta negociación con las estructuras del crimen organizado y las pandillas.
«Ha quedado en evidencia que gran parte del argumento del reportaje consistía en manifestar que las estructuras de las pandillas presentes en los centros penales se encontraban separadas por bandos y eso se pudo comprobar que no era cierto, cuando ingresaron medios locales e internacionales a realizar un recorrido por los centros carcelarios», dijo Sosa.
Sosa es de la opinión que tanto la Fiscalía General como la PNC se han mantenido en actividad combatiendo el crimen y los diferentes delitos, prueba de esto son las capturas que reportan en los diferentes operativos realizados a lo largo de los 15 meses del actual gobierno.
Las pandillas, en tanto, y a pesar de la tregua, se han mantenido delinquiendo y han provocado más de 80 enfrentamientos o ataques a las fuerzas del orden, lo que ha dejado 21 bajas mortales en la Policía, así como la muerte de un miembro del Ejército que, como otros miles, apoyan los esfuerzos por mantener a raya a las pandillas y a otros grupos delictivos.
«No existe ningún tipo de beneficio o privilegios para estas estructuras, es más, he manifestado en diferentes columnas de opinión que las medidas son muy duras, realmente los miembros de las estructuras del crimen organizado no la están pasando nada bien; una de las primeras acciones fue decretar el primer estado de emergencia, cuando se comenzó el orden, control y la disciplina en dichos recintos», destaca el analista.