La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el lunes en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador el dictamen final de acusación en contra del expresidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Rafael Hernán Contreras, por los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada.
Desde 2019 la Fiscalía ha insistido en que hubo irregularidades en las auditorías realizadas por la CCR, bajo el mando de Contreras (2002-2011), a la partida de gastos reservados de la Presidencia en la administración de Elías Antonio Saca. Contreras entregó a Saca de manera expedita, un «finiquito» lo cual lo hizo en una inédito acto público, aunque años después el exmandatario fue condenado a 10 años de cárcel por haber aceptado que robó $301 millones del Estado.
Las acusaciones van desde que el expresidente de la Corte ordenó insertar información falsa en dichas auditorías hasta haber negado un equipo para que fuera a realizarlas.
«La Fiscalía tiene los elementos probatorios tanto documentales como testimoniales y periciales en cuanto a los incumplimientos de los deberes que se le están atribuyendo al señor Contreras, así como el delito de la falsedad documental agravada en la modalidad de falsedad ideológica», dijo la fiscal del caso.
«A él se le atribuye la práctica de los exámenes especiales que se le realizaron a los gastos reservados –de la partida secreta- a la Presidencia de la República que fueron en el periodo del expresidente Elías Antonio Saca González», añadió la fuente.
La representante del Ministerio Público aseguró que Contreras tuvo participación directa en el cometimiento de estos delitos.
«Tiene una participación directa en el primero de los delitos en el incumplimiento de los deberes como autor de ese delito, así mimo en el delito de la falsedad documental agravada. Nosotros lo estamos acusando como instigador, pero al mimo tiempo estamos pidiendo una acusación alternativa como autor mediato de ese delito», expresó el fiscal.
En junio de 2019 cuando Contreras se dio por enterado de los señalamientos, su abogado dijo que su cliente conocía la ley de la CCR y que por lo tanto no podía participar directamente de estas auditorías como lo había mencionado la Fiscalía.
Estas acusaciones también surgen del testimonio que en su momento diera, Alfonso Bonilla, el excordinador de auditorías de la CCR durante el juicio en contra expresidente Saca quien dijo que Contreras le había ordenado que realizara las auditorías desde su oficina y no en Casa Presidencial.
En julio de ese mismo año, el Juzgado Octavo de Paz decretó instrucción con medidas alternas a la detención –procesado en libertad- contra Hernán Contreras. Eso implicó que no podía salir del país, ni cambiar de residencia y que tenía presentarse a firmar una vez al mes en dicho juzgado.
Además, le fijaron una fianza de $25,000. En esa ocasión se dio a conocer que la decisión de procesar en libertad provisional a Contreras fue a petición de la defensa que alegó problemas de salud de su cliente.