La propuesta de ley que presentó el Órgano Ejecutivo recientemente a la Asamblea Legislativa para disolver el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop), que sería aprobada hoy en sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, plantea la ejecución de dicho proceso en forma gradual, que estará a cargo de una comisión liquidadora.
El proyecto de ley, enviado por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, el pasado 16 de julio detalla que el objetivo es descentralizar las actividades del Insafocoop y redistribuir sus atribuciones y competencias a entidades gubernamentales especializadas para promover la eficiencia del cooperativismo, tomando en cuenta las particularidades y necesidades de cada sector productivo.
La comisión liquidadora estará integrada por el presidente del Insafocoop, un representante del Banco Central de Reserva y un representante de cada una de las entidades supervisoras que a partir de la vigencia de la presente ley sucederán a dicho instituto.
Algunas de las atribuciones de la comisión liquidadora serán realizar un inventario general de obligaciones, personal y bienes, que servirá de base para las funciones de liquidación. Por otra parte, deberá crear una base de datos de todas las asociaciones, federaciones y confederaciones de cooperativas registradas a dicho instituto, para posteriormente trasladar su registro a las entidades de Gobierno que asumirán este rol.
Con la propuesta de ley del Ejecutivo aprobada quedará disuelta la corporación de derecho público y carácter autónomo denominada Insafocoop, que fue creada en 1969 mediante decreto legislativo.
La ley de disolución establece que el personal del instituto permanecerá en sus funciones el tiempo que la comisión considere necesario, pero que no sobrepase los seis meses.
En la iniciativa se contempla una distribución de obligaciones a diferentes entidades de Gobierno como el Ministerio de Agricultura y Ganadería; el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa; el Ministerio de Vivienda; Viceministerio de Transporte, el Banco Central de Reserva en cuanto a regulación, y la Superintendencia del Sistema Financiero.
Las entidades de Gobierno que retomarán los procesos podrán crear ventanilla única o mecanismos similares para la atención de las asociaciones y demás, mientras que estas últimas deberán presentarse en un plazo de 30 días a la entidad competente de acuerdo con su rubro, para actualizar su registro.
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