Una pericia financiera contable efectuada por un experto concluyó que nueve exfuncionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén crearon una estructura privada para apropiarse de más de más $500,000 a través de la Asociación Yo Cambio (Asocambio), fondos que fueron sustraídos de las tiendas penitenciarias.
Cuando el caso fue judicializado en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador el 14 de septiembre del 2021, la Fiscalía mencionó que el monto desviado era de $14 millones, pero la pericia financiera redujo significativamente el monto.
Además de los nueve exfuncionarios, hay 12 exempleados de ANDA procesados en el caso; el ministerio público ha pedido que los 21 imputados sean enviados a juicio.
Los exfuncionarios que enfrentan la audiencia preliminar son: el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; el exviceministro de ese cartera de Estado, Raúl Antonio López; el exdirector general de Centros Penales, Marco Tulio Lima; José Roberto Nochez Melara, Sergio Ernesto Chicas Mejía, Luis Alonso Barrera Peñate, Orlando Elías Molina Ríos, Ramón Fernando Roque Mártir y José Luis Hércules Avalos.
No todos los imputados están presentes, algunos no fueron localizados por la Policía el día del operativo de captura y otros huyeron luego que en la audiencia inicial se les otorgó medidas alternas, cuando un tribunal superior revocó las medidas los imputados ya se habían fugado, pero gracias a las reformas al Código Procesal Penal, el juzgados los está procesando como ausentes.
La Fiscalía dice que los acusados crearon Asocambio, entidad que recibió fondos de las tiendas institucionales justificando que era para ayudar a los programas de los privados de libertad, pero en las indagaciones se determinó que esa ayuda hacia los reos nunca se proporcionó.
De esa manera todos los bienes y activos que sustrajeron de las tiendas institucionales fueron para beneficiar a Asocambio una entidad privada que fue constituida para beneficio personal de los exfuncionarios.
Los imputados como miembros de Asocambio se incrementaron los salarios y hasta compraron vehículos para beneficio propio, señala el ministerio público en su acusación.
Con todas esas actividades ilícitas la Fiscalía determinó que consumaron delitos como peculado (apropiarse de bienes públicos), actos arbitrarios, cohecho impropio y falsedad ideológica.