Ninguna sorpresa. Nicaragua celebra este día unas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales presos o exiliados, se apresta a confirmar su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, bajo el riesgo de que parte de la comunidad internacional no lo reconozca.
Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene seguro otro gobierno de cinco años con su esposa, Rosario Murillo, a quien llama «copresidenta», a la cabeza del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En las calles nadie lo duda. Ortega se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el Gobierno, tras el arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores, en una ofensiva que desde junio encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas.
La arremetida desató el temor en el empobrecido país centroamericano de 6.5 millones de habitantes. «No hay por quién votar. Daniel tiene esto en la bolsa», dijo a AFP una mujer de 46 años en su casa en Masaya (sur), y pidió anonimato. «No se puede hablar, vas preso», afirmó.
Cerca de 4.3 millones de nicaragüenses están llamados a votar — también elegirán a 90 diputados— y, según un sondeo de CID Gallup, el 65 % votaría por un opositor y 19 % por Ortega, aunque la encuestadora progobierno M&R afirma que un 70.7 % votará por el FSLN.
De los aspirantes de la oposición, la favorita era Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y bajo arresto domiciliar.
Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, «traición a la patria» o «lavado de dinero», conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el Poder Judicial y electoral.
Más de 100,000 nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son políticos, sino «golpistas» patrocinados por Washington. La oleada de arrestos tensó las relaciones de Nicaragua con Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que sancionaron a familiares y allegados de Ortega, pero también con gobiernos progresistas como México y Argentina.
El Congreso estadounidense aprobó el miércoles la ley Renacer, un arsenal de medidas para aumentar la presión contra Ortega y Murillo, acusándolos de corrupción, violar derechos humanos y no permitir elecciones libres.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que las elecciones serán «ilegítimas» y, según la CIDH, solo buscan «la perpetuación en el poder en forma indefinida».
Ortega, apoyado por Venezuela, Cuba y Rusia, acusa a Washington y a la UE de injerencia: «Están acostumbrados a no respetar la soberanía de los pueblos, pero tendrán que aprender».
El Gobierno asegura que con paz llegará la prosperidad, augura un crecimiento económico del 6 % este año y pretende convocar un diálogo tras los comicios.
Para el analista Eliseo Núñez, el diálogo es «estrategia para buscar la legitimidad que no ganó en las urnas», y la experta en gobernabilidad Elvira Cuadra augura con el aislamiento un deterioro social y más migración. El politólogo costarricense Kevin Casas opinó que, «igual que con Venezuela», difícilmente la comunidad internacional podrá maniobrar para cambiar la «autocracia» que ha construido Ortega desde que volvió al poder en 2007, instaurando la reelección indefinida.
