El 2009 representó un parteaguas en la política salvadoreña. Se vio como el inicio de un cambio con la llegada al poder del primer gobierno con orientación política de izquierda, pregonando cambios, justicia social y lucha contra la corrupción que estaba enquistada con el partido ARENA.
De sobra quedó evidenciado que el Gobierno de Mauricio Funes no cambió en nada positivo a El Salvador, más bien radicalizó la injusticia social y pulió el modelo de corrupción que le fue heredado con el objetivo de extraer sin control alguno millones de dólares del Estado.
Complaciendo excentricidades propias y de su círculo cercano, incluyendo las de una amante, además de comprar cualquier voluntad, Funes terminó robando, según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), más de $350 millones, que dejaron de usarse para beneficio de la población y solo sirvieron para engrosar su riqueza forjada con el desfalco.
A Funes la Fiscalía le lleva siete procesos judiciales, que van desde la red de extracción de dinero público y la difusión de información confidencial hasta la compra de criterios por parte de un fiscal general y de varios diputados en la Asamblea Legislativa.
El gobierno del FMLN en sus manos se caracterizó por comprar la voluntad de sus opositores por medio de dádivas, con los famosos maletines negros, así como la impunidad que el fiscal Luis Martínez le proporcionaba, y con un círculo reducido de allegados al que le consentía sus caprichos.
Un caso emblemático de corrupción en el primer gobierno efemelenista fue la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, pues el Estado dio por recibida la obra cuando no estaba completa ni disponible para funcionar, lo que generó pérdidas millonarias por incumplimiento de contratos.
El periodista de carrera tuvo un discurso convincente sobre el combate a la corrupción, mismo que en la práctica no se concretó, y terminó generando robos a gran escala del dinero público.
Alegando persecución política en El Salvador, en septiembre de 2016 partió hacia Nicaragua en calidad de asilado, solo un año después de finalizar su mandato. El Gobierno cuestionado de Daniel Ortega finalmente le concedió la ciudadanía de esa nación, evitando así que pueda ser extraditado y enjuiciado.
El segundo gobierno denominado de izquierda llevó a Casa Presidencial a un líder de la exguerrilla de la década de 1980: Salvador Sánchez Cerén.
Pregonando que procedía del pueblo, el docente de profesión apeló a la emotividad de las bases rojas para llegar a la presidencia. Con un eslogan que hablaba del «nacimiento de la esperanza y la venida del cambio», comenzó a gobernar el 1.º de junio de 2014.
Pero cinco años después, con la llegada del Gobierno de Nayib Bukele, se desenmascaró toda la red de corrupción que usó Sánchez Cerén para desfalcar más de $300 millones de las arcas del Estado, además de la desorbitante contratación de familiares en las instituciones públicas.
Siguiendo el manual creado por Funes, Sánchez Cerén abandonó el país y buscó protección en Nicaragua, donde su compañero de ideología Daniel Ortega le entregó de forma exprés la ciudadanía a él y a su círculo familiar más cercano, dando inmunidad a un segundo mandatario salvadoreño vinculado claramente a casos de corrupción.
Posterior al cierre del período presidencial de Cerén, fueron exponiéndose casos de pagos de sobresueldos a su gabinete y a afines durante el quinquenio.
Las primeras investigaciones que la FGR inició contra el exmandatario totalizaban $350 millones desfalcados del erario pagados como sobresueldos, una retribución que los cinco gobiernos anteriores implementaron como complemento al salario legal de cada funcionario. En el caso del expresidente Cerén, nueve exfuncionarios también se han incluido en la lista inicial del proceso.
