Abogados del empresario Enrique Rais presentaron una demanda en contra de los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): Marina de Jesús Marenco de Torrento, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Aldo Enrique Cáder Camilot y Óscar Armando Pineda Navas, acusándolos de haber cometido incumplimiento de deberes y atentados relativos al derecho de igualdad.
Los demandantes consideraron que los magistrados no emitieron resoluciones sobre las solicitudes de habeas corpus en favor de Rais, las cuales fueron presentadas ante la Sala con el objetivo de demostrar que este se encontraba con restricciones impuestas a su libre circulación, «atentando contra su derecho de libre circulación de una manera arbitraria e ilegal».
Explicaron que dichas solicitudes fueron presentantes en 2018, a pocos meses de que los exmagistrados tomaran posesión de sus cargos. No obstante, tras dos años y seis meses, no se emitió ninguna resolución en el marco de un «plazo razonable».
Denunciaron también que sí hubo respuestas a otras muchas solicitudes que fueron ingresadas tiempo después a las solicitudes de habeas corpus y que «se aplicaron medidas cautelares en casos relacionados con fiscalizaciones tributarias», y que los exmagistrados, ahora destituidos, tuvieron otras prioridades.
En ese sentido, muchos los aspectos señalados en la demanda, tienen coincidencia con los motivos que llevaron a la nueva Asamblea Legislativa a remover a los magistrados, tales como la «inobservaron la obligación bajo la cual manifestaron su compromiso con “cumplir y hacer cumplir la Constitución», «categorización de casos a resolver, por prioridades vinculadas a criterios políticos y económico» y «aplicación discrecional de pautas normativas» y «distanciamiento de criterios jurisprudenciales previos que se ajustaban al texto constitucional».
Los abogados demandantes aseguran que los intereses particulares del exmagistrado Carlos Ernesto Sánchez motivaron a dilatar la resolución a la petición de su cliente, debido a que sabía que dictar una sentencia en su favor, habría incurrido en aceptar haber cometido ilegalidades cuando era parte de la Cámara 1ª de lo Penal de San Salvador, en 2017; en ese entonces decretaron orden de detención provisional a Rais, y validando ciertas escuchas telefónicas que «no tenían vinculación con el empresario y habían caducado» para sus efectos jurídicos.
Señalaron que la inacción de los exmagistrados se trata de un asunto «grave», y que fue claro que la antigua Sala tuvo una agenda definida en favor de «los mismos de siempre», ya que el empresario, tuvo la oportunidad de ventilar el caso el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, quien dictaminó que sufrió una privación de libertad arbitraria; y además, la resolución de la Fiscalía de Suiza, que lo sobreseyó; mientras que El Salvador, la Sala pasó meses sin dar lugar a la resolución del proceso.