Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas desde 2010, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/65/209. La desaparición forzada es utilizada para infundir terror en los ciudadanos, ya que genera una sensación de inseguridad que afecta a una comunidad determinada y a la sociedad, en general.
Es un problema mundial, del cual lastimosamente no escapa El Salvador, y precisamente en 2010, año en el que se establece esa conmemoración, ya la Fiscalía General de la República (FGR) registraba desaparecidos en la presente década como tipología delictiva de privación de libertad.
Desde el lanzamiento de «Diario El Salvador», he desarrollado diferentes abordajes sobre los desaparecidos, al estudiar e investigar este fenómeno criminal desde la época del denominado «proceso de pacificación» conocido y denominado mediáticamente como «tregua con los criminales» en 2012, autorizada por el expresidente Mauricio Funes que está judicializado, y tratar de aproximarme a la realidad compleja de este delito.
Es de mucha satisfacción para mí escribir en esta conmemoración de 2021, ya que existen avances significativos de la FGR y la PNC, que se comprueban y se miden con los indicadores y la evidencia empírica, que indican disminuciones significativas en los reportes de denuncias diarias de personas desaparecidas. Esto es así de claro y verdadero, y es gracias a que la PNC y la FGR han tomado decisiones valientes y contundentes. En primer lugar, en reconocer que el drama de los desaparecidos es una realidad en El Salvador, y que estas desapariciones son cometidas por persona particular, crimen organizado o por las pandillas, y que han causado mucho daño en las familias afectadas. Además, han sensibilizado a funcionarios de sus instituciones, existe calidad técnica especializada de mujeres y hombres que están trabajando en unidad y de manera coordinada, y sus equipos especializados han conformado una comisión bipartita para poner al servicio de la población lo mejor de sus capacidades humanas y tecnológicas para contar con registros actualizados y mejorar los instructivos y protocolos de actuación. Y en las últimas semanas se ha invitado e incluido al IML de la CSJ.
Recientemente, se firmó un nuevo convenio que forma parte de una segunda fase de cooperación entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, la FGR, la CSJ, con el apoyo invaluable de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Gobierno de Canadá, denominado «Fortalecimiento a la implementación de herramientas de gestión para casos de desapariciones y torturas vinculadas al crimen organizado que afectan a mujeres, hombres y jóvenes en El Salvador», que busca fortalecer el trabajo de todas las instituciones para la investigación y represión de todos los delitos relacionados. Sin lugar a dudas, son buenas nuevas para las víctimas y para el país.
Este es un año de conmemoración, de mucha esperanza, son buenas noticias las que han generado la PNC, la FGR, el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública y el IML en los últimos 12 meses. Sin olvidar que no es suficiente, porque aún existen personas desaparecidas que debemos encontrar y llevarlas de regreso a casa, porque cada persona cuenta y no hay que parar de buscarlas.
