Los diputados de la Asamblea Legislativa son «cómplices y partícipes» por frenar la mejora del transporte público. Así lo confirmó el parlamentario de ARENA David Reyes durante una entrevista en Canal 12.
A dos semanas de culminar la legislatura, los parlamentarios de todos los partidos políticos siguen aprobando reformas y prórrogas que se suman al legado de decretos avalados por el pleno en favor de los empresarios del transporte.
El 24 de marzo, la comisión de obras públicas, transporte y vivienda —conformada por Carlos Reyes, Emilio Corea y Jorge Rosales, de ARENA; Jaime Sandoval y Rosa Cruz, del FMLN; Lorenzo Rivas y Adelmo Rivas, de GANA; Serafín Orantes, del PCN, y Jorge Mazariego, del PDC— aprobó un decreto con disposiciones de traspaso de concesión y de permiso de operación del transporte público colectivo.
La iniciativa presentada y aprobada por los diputados, en su mayoría del PCN y de ARENA, busca otorgar una prórroga de un año para que los buses viejos que cumplieron su vida útil en 2020 sigan circulando, sin tomar en cuenta que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dicta que «los vehículos dedicados al servicio del transporte público de pasajeros no deberán exceder los 20 años de fabricación».
Asimismo, establece que el Viceministerio de Transporte (VMT) deberá suscribir un contrato de concesión por un período de 10 años a los dueños del transporte público.
David Reyes, quien votó en contra de la aprobación, lamentó que su grupo parlamentario fuera uno de los principales promotores de la iniciativa.
«Es increíble que a pocos días de finalizar la legislatura se haya aprobado un decreto para permitir que los buses viejos sigan circulando. Me avergüenza que mi grupo parlamentario, ARENA, haya acompañado con sus votos este atentado a los salvadoreños», expresó.
Además, solicitó al presidente de la república, Nayib Bukele, que vete el decreto aprobado por sus colegas, y argumentó que si este llega a ser sancionado, los usuarios sufrirían otra década de servicios deplorables por parte de los empresarios del transporte.
«Solicitar al presidente de la república que vete este decreto, porque no solo es la prórroga de un año, sino que amplía por 10 años más la concesión a estos empresarios. Esto significa que vamos a tener el mismo sistema de transporte por otros 10 años», manifestó.
De acuerdo con Reyes, el decreto obvia el proceso establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), que contiene ciertos requisitos, como revisiones mecánicas y accesibilidad para personas con discapacidad.
El legislador mencionó que, «lastimosamente, en los últimos 12 años el enfoque para abordar el tema del transporte colectivo se ha fundamentado en beneficiar únicamente al empresario».
Agregó que la Asamblea «no solamente es cómplice, sino que también partícipe, porque hay muchos diputados que tienen un claro conflicto de intereses en el tema, y eso ha sido lo que ha permitido beneficiar solamente al transportista».
DIPUTADOS VINCULADOS AL TRANSPORTE
En 2020, «Diario El Salvador» publicó una investigación que dejó a la vista pública que el grupo parlamentario del FMLN había presentado más de 13 iniciativas a favor del sector durante los últimos dos períodos por medio del diputado Jaime Orlando Sandoval.
Sandoval mantenía un claro conflicto de intereses en el tema del transporte ya que, según información corroborada por este medio de comunicación, miembros de su familia formaban parte de la planilla de concesionarios de buses y microbuses en el occidente del país, mientras él era uno de los principales promotores de medidas legislativas a favor del sector.
El diputado ha sido relator de la comisión de obras públicas durante dos períodos consecutivos y respaldó más de una decena de iniciativas en las reuniones de trabajo.
Otro diputado que, al igual que Sandoval, se ha dedicado a promover iniciativas a favor del sector es Raúl Beltrhán Bonilla, del PCN, fracción que históricamente ha apoyado propuestas para aumentar el subsidio a los transportistas.
A finales de noviembre de 2020, Beltrhán promovió una propuesta de ley que otorgaría a los empresarios del transporte $200 para cada microbús y $400 por cada bus mensuales, más un incentivo de $1,400 por microbús y $2,800 para cada bus correspondientes a siete meses.
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Hace una semana, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, señaló durante una entrevista en Radio La Chévere que el presidente de la comisión de obras públicas y diputado de ARENA, Carlos Reyes, es empresario del transporte colectivo.
«Hemos visto dentro de la comisión de obras públicas a diputados, como Carlos Reyes, que son empresarios del sector transporte. A los diputados solo les interesa ganarse el dinero o robárselo, y en este caso aprueban leyes a favor de empresarios porque son ellos mismos», declaró.