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Educación integral de la sexualidad en la educación superior salvadoreña

«Por eso se ve como una buena noticia el lanzamiento de la política nacional de educación superior en marzo del presente año. Esta contiene entre sus temas transversales la promoción en la comunidad educativa universitaria, del cuido de la salud integral, educación integral de la sexualidad, salud mental y salud nutricional».

por Deysi Cheyne Directora de la Unidad de Gestión Curricular y coordinadora del Comité de Género de la Universidad Luterana Salvadoreña
3 de junio de 2021
En DePalabra
Tiempo de lectura:5 mins read
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La sexualidad ha sido por siglos un tema tabú no solo para las religiones y sus instituciones, sino también para la ciencia misma, que ha centrado su abordaje en la anatomía, la reproducción y fisiología humanas más que en la dimensión psicológica que construye la identidad subjetiva de las personas.


En nuestro país ha predominado el enfoque moralista de la sexualidad, que hace énfasis en la genitalidad y su control mediante la abstinencia. Bajo esta mirada, la sexualidad es vista como un pecado y a quienes gozan de ella, como pecadores. Igualmente, el enfoque jurídico de la sexualidad atiende la violencia sexual en todos los casos de acoso, abuso y violación sexual, así como la penalización que existe sobre los diferentes tipos de aborto.

Desde el sistema de salud salvadoreño, la sexualidad ha sido abordada exclusivamente como salud reproductiva para promover la abstinencia, sobre todo en los jóvenes, y en el control de la natalidad.
Donde hay mucho más atraso es en nuestro sistema educativo, el cual carece de una política claramente explícita de educación sexual en todos sus niveles. Ha prevalecido aquí la postura doble moralista de no querer hablar de sexualidad en el aula por temor a que los chicos «exacerben su apetito sexual».


Por años, el Estado salvadoreño ha venido haciéndose el sordo y el ciego ante las evidencias empíricas que muestran las terribles consecuencias que padecen adolescentes, jóvenes y adultos ante la ausencia de políticas públicas sostenibles que aborden la temática de la sexualidad de manera integral.

Lo que podemos ver son estadísticas escalofriantes que reflejan esta realidad: según la PNC, durante 2020, al menos siete niñas y adolescentes fueron víctimas de delitos sexuales cada día en El Salvador, un dato que forma parte de los 6,174 delitos sexuales reportados ese año, y de los que aproximadamente el 49.5 % fue cometido contra menores de edad. En el grupo de niñas de entre cero y 14 años, el delito que más casos reportó fue el de agresión sexual, con 632, seguido de violación, con 546 casos, y violación agravada, con 126. Las adolescentes que sufrieron de estupro sumaron 678, por delante del delito de violación y violación agravada, con 310 y 64 casos, respectivamente1.


El Ministerio de Salud, por su lado, reportó que en el mismo año cada día 117 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años solicitaron atención en centros de salud públicos por complicaciones de embarazo y parto. En total, en ese lapso hubo 42,919 atenciones por riesgo de parto y embarazos, siendo esta la primera causa de consulta entre niñas y adolescentes. En este año de pandemia nacieron 64,877 bebés; de estos 1,411 son neonatos de madres en edades de 11 a los 15 años, lo cual representa el 2.17 % del total de los nacimientos2.


Datos del Ministerio de Educación dan cuenta del impacto del embarazo adolescente en la deserción escolar. Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, durante 2015, de las niñas y adolescentes que se identificó que estaban embarazadas, el 30.9 % no continuó con su proyecto educativo a causa del embarazo, el 60.4 % no estudiaba al momento del embarazo y tan solo el 8.7 % continuó en la escuela.


Como puede evidenciarse, la violencia sexual contra niñas y adolescentes tiene como consecuencia embarazos no deseados, partos riesgosos y deserción escolar, entre otros.


En los últimos tiempos, diferentes instancias estatales han puesto mucho énfasis en registrar los casos de violencia sexual y la atención en salud reproductiva; sin embargo, poco se conoce de políticas orientadas a evitar que esta violencia ocurra a partir de un abordaje integral de la sexualidad. Ha habido mucha resistencia a que la sexualidad sea un tema con contenidos programáticos en todos los niveles educativos.


Por eso se ve como una buena noticia el lanzamiento de la política nacional de educación superior en marzo del presente año. Esta contiene dentro de sus temas transversales la promoción en la comunidad educativa universitaria, del cuido de la salud integral, educación Integral de la sexualidad, salud mental y salud nutricional3. La política incluye una propuesta de contenidos para la educación integral de la sexualidad en la educación superior, impulsada por la Iniciativa Spotlight y respaldada financieramente desde la Unión Europea. Dicha iniciativa representa un esfuerzo mundial para invertir en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como condición para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Salvador recibirá $7.2 millones de los 500 millones de euros que han sido designados para este importante esfuerzo, cuyo propósito es promover el asocio de diferentes donantes, lograr que todos los sectores de la sociedad, incluyendo el movimiento de mujeres, se movilicen en favor de la erradicación de la violencia e implementar un enfoque de intervención integral que aborde las causas de este flagelo y los efectos que impactan en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres.


En el proceso de elaboración de la política nacional de educación superior, la Iniciativa Spotlight revisó el currículo de las carreras claves para la formación de profesionales que se relacionan con la provisión de servicios para víctimas de violencia de género en las Unidades Interinstitucionales de Atención Especializada a Mujeres (Uiaem). Esta revisión y desarrollo de contenidos van a permitir que los nuevos profesionales de Salud (Medicina y Enfermería), Psicología, Trabajo Social, Derecho, Comunicaciones y los 12 profesorados (maestros) tengan sensibilidad y conocimientos sobre género, prevención de violencia y educación integral para la sexualidad.

Damos la bienvenida a esta decisión de las autoridades educativas para que la educación superior sea un mecanismo más para avanzar en la prevención de la violencia de género mediante la educación integral de la sexualidad. El desafío queda ahora en las instituciones académicas, tanto la pública como las privadas, que tendrán que crear sus propias políticas institucionales que den respuesta a este lineamiento del ente rector del sistema educativo.

1Recuperado de: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/siete-menores-violadas-por-dia-en-2020/808517/2021/
2Recuperado de: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/covid-19-embarazos-ninas-adolescentes-sistema-de-salud/814294/2021/
3 Política nacional de educación superior. Mined, 2021.
Etiquetas: Educación Superiorprevención de la violencia
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