La resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establece que será el pueblo salvadoreño el que decidirá —a través del voto libre y directo— si procede un segundo mandato para el presidente Nayib Bukele.
A su vez, la Sala de lo Constitucional estableció que, como ciudadano, el presidente Bukele tiene el derecho a postularse. No se trata de continuar en el cargo, sino de someterse, como en toda democracia, al voto popular.
En el pasado, cuando ARENA-FMLN controlaban a su antojo a la CSJ, hinchaban el pecho para decir que los fallos de la Sala de lo Constitucional eran de obligatorio cumplimiento. Ahora, en cambio, no quieren aceptar lo que ha decidido la Sala.
Pero no se trata nada más de lo que ha definido el máximo tribunal constitucional, sino que también es algo que tiene que ver con la voluntad popular.
El presidente Bukele tiene un amplio respaldo del pueblo, gracias a su eficiente manejo de la administración pública y por sus acertadas decisiones en múltiples campos, por lo que, por primera vez en la historia salvadoreña, vemos a un gobernante que llega a su quinto año de Gobierno con una aprobación superior al 90 %.
Las diferentes encuestas de opinión pública lo confirman continuamente: El Salvador quiere que Nayib Bukele siga estando al frente del Gobierno. El proyecto que lidera ha garantizado la verdadera paz en el país y, además, ha puesto a la nación en la ruta del desarrollo y el progreso económico, como nunca se había visto.
Ante este panorama, la vieja clase política no ha presentado una sola opción para competir contra el liderazgo y la popularidad del presidente Bukele. A duras penas han logrado nombrar candidatos y más de uno de ellos parece que llegó a la candidatura porque era el único interesado o dispuesto a poner de su bolsillo para financiar su campaña y mantener a los activistas.
Por eso, en su desesperación, exigen al Tribunal Supremo Electoral no inscribir al único candidato que goza del respaldo popular y que ha demostrado tener la capacidad de liderar al país, superando la inseguridad que ARENA y el FMLN propiciaron al pactar con las pandillas.
El pueblo salvadoreño tiene la última palabra. Será en las urnas donde decidirá si continúan los buenos proyectos o si regresa a los 50 homicidios diarios al dejar en libertad a los mareros.
