Un año después de la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó ayer que esta medida es la esperanza para los salvadoreños.
«Es el Estado recuperando el territorio, es el Estado recuperando la tutela y la vigilancia de nuestra población», sostuvo.
Según el funcionario, establecer el régimen de excepción no fue una decisión fácil y antojadiza; por ello, el Gobierno comenzó a utilizar las herramientas que la Constitución otorga dentro de un Estado de derecho.
Hacer uso de todas esas disposiciones legales permitió echar andar una guerra y activar un protocolo de guerra contra las pandillas «que no son más que estructuras terroristas». Villatoro dijo que en los últimos 15 años las estructuras de pandillas habían venido utilizando el término delictivo que ellos denominaban «apertura de válvula», que significaba incrementar los homicidios.
«En el comportamiento de los últimos 15 años estas figuras [apertura de válvula] la venían utilizando para conseguir algún tipo de beneficio y demostrar su poder y demostrar a nuestras comunidades y a nuestra población que ellos eran los que gobernaban el territorio», sostuvo el ministro de Justicia.
Pero esas acciones delictivas se les terminaron cuando el presidente de la república, Nayib Bukele, ordenó instaurar el régimen de excepción luego de la ola de homicidios que se registró durante tres días por parte de las pandillas. Fue una decisión difícil, pero en poco tiempo dio buenos resultados, sostuvo Villatoro al hablar sobre el régimen de excepción.
«Fue ese fin de semana fatídico, oscuro para el país, para esas 87 vidas que perdimos ese fin de semana, viernes, sábado y domingo. Recordamos todo el Gabinete y el señor presidente cómo vivimos ese 26 de marzo de 2022. Era algo completamente fuera de toda lógica», agregó el ministro.
El funcionario manifestó que ese incremento de homicidios que fue ordenado por los cabecillas de las pandillas durante ese fin de semana de marzo fue una manifestación que esos grupos de terroristas hacían.
«Por eso, cuando se habla de régimen de excepción, los más de 6.2 millones de salvadoreños decimos: “¿Y de dónde venimos? Venimos de un régimen de muerte donde si yo no pagaba renta, si yo no pagaba una extorsión, si no les mandaba a mis hijos para que fueran parte de las pandillas, si no les mandaba a mis hijas para que tuvieran relaciones sexuales con los pandilleros, me mataban”. De ese país es del que venimos y es lo que no entiende mucha comunidad internacional y algunas organizaciones internacionales», expresó el titular de Justicia y Seguridad.
En la guerra contra los grupos terroristas, el informe proporcionado por Villatoro en el primer año del régimen de excepción registra que han capturado a 66,417 pandilleros y colaboradores, quienes han sido procesados por los jueces especializados por agrupaciones ilícitas y delitos conexos. También les han decomisado 2,547 armas de fuego, 3,292 vehículos, 15,878 teléfonos celulares y $3 millones en efectivo y miles de kilos de diversos tipos de drogas.
El régimen de excepción también ha permitido a las autoridades capturar a 10 de 15 sillas o cabecillas de la Mara Salvatrucha, quienes dirigían los 31 programas de esa estructura y también se ha desbaratado toda la estructura jerárquica de la pandilla 18.
Es importante mencionar que la población ha dado un rotundo apoyo a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Bukele, a quien nueve de cada 10 salvadoreños avalan su trabajo. En ese orden, el régimen de excepción es muy bien visto por 90 de cada 100 salvadoreños, quienes destacan la determinación que tuvo el Gobierno para llevar tranquilidad a las comunidades.
PASARÁN DÉCADAS EN LA CÁRCEL
Como parte de los resultados, en la guerra contra las maras, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 1,100 cabecillas de esos grupos terroristas, quienes ya fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, donde podrían pasar hasta 45 años presos.
Según el ministro Villatoro, a pesar de los miles de pandilleros capturados, aún queda un 30 % de terroristas por perseguir, ya que los registros policiales les mostraban que estaban fichados unos 70,600, y por ello la guerra contra esos grupos continuará sin tregua.