Después de lograr nuestra independencia de España, el 15 de septiembre de 1821, El Salvador creó su cuerpo de leyes, con principios y garantías que regularon el comportamiento de la sociedad; desde ese momento, estableció la territorialidad y su ámbito y forma de aplicación. Exactamente en 1824 nació nuestra primera Constitución, en la que se deja claro que «El Estado es y será siempre libre e independiente de España y de México y de cualquiera otra potencia o Gobierno extranjero, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona».
Así, definió a nuestro país como un Estado federado de la república de Centroamérica. Estaba formado por intendencias comprendidas por San Salvador y la Alcaldía Mayor de Sonsonate. Tenía por límites al oeste el río de Paz, la ensenada de Conchagua al este, la provincia de Chiquimula y Honduras al norte, y el mar Pacífico. Se dividía en cuatro departamentos: San Salvador, Sonsonate, San Vicente y San Miguel. Y se denominaba Estado del Salvador, conservando el departamento la antigua denominación de San Salvador.
En la evolución de nuestro marco de leyes constitucionales, como la Constitución de 1950 en la cual, por fin, la mujer ya podía ejercer su derecho al voto y se contemplaba el principio de igualdad, las mujeres podían participar en cargos de elección popular; y la de 1983 son como las mejores que nuestro país ha tenido por los cambios fuertes que, sin duda, han impactado la vida de los salvadoreños. Y sus reformas se han hecho en varias ocasiones desde 1824 en los siguientes años: 1841, 1864, 1871, 1874, 1883, 1886, 1939, 1945, 1950, 1962 y 1983.
En la actualidad, la evolución continúa y se ha formado un equipo «ad hoc» liderado por el vicepresidente de la república, licenciado Félix Ulloa, que ha recopilado más de 4,000 propuestas de reformas constitucionales. Estas incluyen reformar 196 artículos de los 274 que posee la Constitución. Algunas de estas reformas importantes podrían ser las siguientes:
Modernización del Estado incorporando la figura del referendo, que sea el pueblo el que ratifique las reformas a la Constitución de la República y no la Asamblea Legislativa.
Sistema político formado por instituciones de democracia directa, para ser coherentes con el concepto de soberanía popular que reconoce la Constitución en el artículo 83.
Contraloría social que recoge cinco instancias (Contraloría General del Estado) ex-Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor.
Modernización del Órgano Judicial como la Corte Suprema de Justicia en la que se ha separado la función jurisdiccional y la función administrativa, la creación de un tribunal constitucional que garantice los derechos y la constitucionalidad del país, que lo separa de la Corte Suprema de Justicia por conceptos doctrinarios.
